El Gobierno Nacional puso en vigencia un decreto ley que, entre otros, pondrá fin al uso excesivo de la huella dactilar para tramitar documentos, elimina el requisito de las declaraciones extrajuicio y acaba con la necesidad de presentar el certificado de pasado judicial como requisito previo.

La supresión, reforma y regulación de estos procedimientos, que se ejecutó en cumplimiento de las funciones que para ese efecto le otorgó el Congreso al Presidente al aprobar el denominado Estatuto Anticorrupción, se hizo en el marco de la ‘cruzada antitrámites’ que lanzó el Gobierno hace medio año, la cual convocó a empresarios, gremios, entidades estatales y ciudadanos a opinar sobre qué procedimientos debían suprimirse o mejorarse.

El presidente Santos calificó la sanción de este decreto ley como “un sueño hecho realidad”, pues se acabará con la “jartera” que para los ciudadanos supone realizar un trámite engorroso.

“De más de 1.200 trámites que existen creados por ley, estamos aquí eliminando o racionalizando muchos”, explicó el mandatario, quien afirmó que “esto es sólo el comienzo, y forma parte de un enorme esfuerzo que estamos haciendo para modernizar la labor del Estado y hacer la vida más amable a los ciudadanos”.

Explicó que estas medidas, que benefician a ciudadanos, empresarios y entidades públicas, se busca cumplir con el artículo 83 de la Constitución, que dice que se presume la buena fe en las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas.

Los trámites que se acaban
En el articulado se eliminaron de tajo varios documentos que consideró inoficiosos. Por ejemplo, se elimina el pasado judicial. Ninguna empresa o entidad podrá exigir este documento. Sin embargo, eso no significa que no se lleven registros de antecedentes penales.
Otro de los trámites que se suprimen es la denuncia penal por la pérdida de documentos. En adelante a quien se le extravíe un papel que lo identifique no necesitará la denuncia ante la Policía para renovarlo ante la entidad pública o privada. 
También quedó establecido que las entidades públicas, privadas o los particulares no podrán pedir declaraciones extrajuicio para que se pueda hacer un trámite. Una de ellas la de parentesco.
Así mismo, el decreto permite que se pueda solicitar el apostillaje de documentos a través del correo postal. Eso evitará desplazamientos inoficiosos de los solicitantes. A eso se suma que el Ministerio de Educación tiene la obligación, antes de dos meses, de convalidar los títulos obtenidos en otros países.
A los pensionados de escasos recursos que devenguen menos de dos salarios mínimos no se les podrá exigir tener saldos mínimos en las cuentas bancarias, por lo que podrán sacar todo el dinero de la cuenta.
En la norma también se estableció que desde el primero de julio de este año no se podrán pedir certificaciones de supervivencia a los jubilados para reclamar su pensión. La idea es que la entidad pida directamente a la Registraduría los datos que permitan establecer si una persona está viva o muerta.  
Los colombianos que viven fuera de Bogotá no tendrán que ir a la capital del departamento, a la sede principal de una entidad pública, para hacer un trámite administrativo. En adelante, la responsabilidad de esos documentos será exclusivamente del Estado.
Tampoco se podrá exigir un documento autenticado en notaría como los contratos de arriendo, las firmas, etc.
Quedó establecido que las entidades públicas no podrán exigir los recibos anteriores para poder hacer reclamaciones de pagos u otras solicitudes. 
También se ordena que el Registro Único Tributario (RUT) se pueda solicitar vía electrónica.

Eliminación de trámites en salud

Dentro del paquete de medidas que se tomaron para eliminar los trámites inútiles en la administración pública, se encuentran decisiones que buscan mejorar los trámites al interior del sistema de salud.

Se contempla que desde el 2013, los colombianos solo necesitarán su documento de identidad para acceder a los servicios de salud; también habrá asignación de citas en máximo de 3 días para la medicina general y de odontología y con un único formato de manera que no les pidan requisitos o procedimientos adicionales a los pacientes; y las citas con médicos especialistas la vamos a reglamentar en los próximos 6 meses, de acuerdo con la oferta de las especialidades en cada región del país.
El Decreto – Ley a 48 horas el tiempo de entrega de los medicamentos, y lo más importante es que cuando no se le ha entregado la totalidad de los medicamentos al paciente, las entidades deberán disponer de mecanismos para hacerlos llegar al lugar de domicilio o de trabajo de ese paciente; de otra parte, ahora será el empleador y no el afiliado el que solicite directamente a la EPS la certificaciones de incapacidad por enfermedad general, de maternidad o paternidad.
Este año se creará la figura del Defensor del Usuario en Salud que les va a resolver los problemas a los usuarios y velará porque las EPS y las IPS cumplan con su obligación de prestar servicios de calidad, con equidad, con oportunidad, garantizando así el derecho fundamental a la salud.
Con la norma no va a volver a suceder que un funcionario de la salud ordene al paciente presentar una acción de tutela ante los estrados judiciales, ya que de hacerlo, el funcionario tendrá que hacerlo por escrito para que responda por esa negativa.

Eliminación de trámites en beneficio de empresarios

Uno de los sectores más beneficiados con el Decreto-Ley de Eliminación y Racionalización de Trámites es el de los empresarios, ya que la norma elimina una serie de requisitos que hacían engorrosa la actividad empresarial.

Fueron identificados unos 70 trámites y regulaciones que le restan competitividad a la industria colombiana. Uno de esos trámites que el sector privado pidió analizar, por considerarlo desgastante, es el llamado ‘Certificado Previo de Carencia de informes por Tráfico de Estupefacientes’ que se exige a empresarios de la industria aeronáutica y naval por parte del Ministerio de Justicia.

El documento —que sirve para controlar actividades de narcotráfico—, no sólo es engorroso e injusto con los empresarios, sino que también congestiona al Ministerio, por lo cual se eliminó, con lo cual el trámite se hará directamente con la Dimar y con la Aeronáutica Civil.

Este trámite se mantiene para quienes comercializan sustancias químicas controladas, pero con la diferencia de que no tendrán que solicitar un certificado por cada producto o sustancia que comercialicen, sino que se expedirá un solo documento por empresario.

Además se tuvo en cuenta las recomendaciones del informe ‘Doing Business 2011’, para incluir en el Decreto-Ley importantes reformas para facilitar los negocios.

Por ejemplo se redujo el tiempo de afiliación a las cajas de compensación y se permitirá que ahora los comerciantes lleven sus libros en archivos electrónicos.

El ‘Doing Business’ reveló que sólo 25 países —de los 183 analizados— exigen el registro de los libros de contabilidad de los comerciantes, entre ellos Colombia, pero a partir de la fecha se elimina ese trámite.

Otro requisito que se elimina es la presentación ante las Cámaras de Comercio de los estados financieros que se entregan a la Superintendencia de Sociedades.

Así mismo, las entidades estatales tendrán acceso a las bases de datos de las Cámaras de Comercio, con el propósito de evitarles a los ciudadanos el trámite de certificados, que ahora podrán consultar en línea.

Por ejemplo, quien quiera establecer el nombre del representante legal de una sociedad no tendrá que pedir un certificado a la Cámara de Comercio, sino que podrá consultar el dato por internet.

Igualmente se continuará con el proceso de digitalización’ de la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales (Dian). Las empresas contarán —a partir de julio de este año— con herramientas virtuales para presentar declaraciones y actualizar la mayor parte de la información del RUT, sin tener que incurrir en desplazamientos y filas.

La Dian deberá ser, en 6 meses, un ejemplo a nivel mundial de una entidad que entra de lleno en la era digital. Lo anterior porque las personas naturales que no sean responsables del IVA van a poder hacer todos sus trámites de impuestos por vía digital.

En materia de Comercio Exterior, se buscará hacer más eficiente la Ventanilla Única, que hasta ahora ha sido una gran herramienta para todos los trámites de los importadores. Las entidades con responsabilidades en esta ventanilla tendrán un límite máximo de entre 2 y 4 días para responderle al importador.

También se decidió que los restaurantes, bares, hoteles y similares podrán cumplir en un solo paso con su obligación de pago de derechos de autor a través de una ventanilla única.

En cuanto al sector de la construcción, el decreto establece reglas claras que mejoran el clima de negocios y promueven la inversión, simplifica los trámites previos y posteriores a la expedición de las licencias de construcción y prohíbe la exigencia de otras condiciones que no estén en la ley.

Por ejemplo, se establece que para el trámite de licencias de construcción sólo se deben aportar los 11 requisitos que exige la legislación, evitando así los 80 trámites adicionales que hay en las principales ciudades del país.

Se acaba el Viacrucis de propietarios de vehículos

Los trámites para el pago de multas también se racionalizaron. Actualmente si un ciudadano comete una infracción, debe pagarla en el lugar en el que le fue impuesta. A partir de ahora se podrán pagar las multas de tránsito desde el lugar que prefieran y no donde cometan la infracción, porque si alguien andaba de paseo en otra ciudad debía quedarse allí hasta pagar o tenía que volver después.

Fueron eliminadas revisiones técnico-mecánicas de vehículos de menos de seis años. Quienes tengan carros nuevos ya no tendrán que llevarlos a revisión técnico-mecánica al segundo año de haberlos inscrito. Solo deberán hacerlo al sexto.

Hoy una persona compra un carro nuevo y a los dos años tiene que llevarlo a la revisión técnico-mecánica, así todavía tenga vigente su garantía, que normalmente es de 5 años. Además, le cobran una gran cantidad de plata.

Actualmente quien saca un pase nuevo lo obtiene por cinco años. De ahora en adelante las licencias de conducción tendrán una vigencia de diez años. Según lo decidido por el Gobierno Nacional, la validez de estos permisos irá disminuyendo según la edad de los ciudadanos.

De igual forma se decidió que los exámenes psicotécnicos para sacar la licencia de conducción se podrán realizar en una IPS, con lo cual se reducirá el costo de realizar esta diligencia.