La denuncia fue radicada dentro de la Contraloría para su investigación mediante la comunicación 2011EE63937 del 23 de agosto del 2011, suscrita por el Doctor Manuel Antonio Díaz secretario privado del ente regulador, asignada bajo el oficio 80682-9167.

Las denuncias

Como recordaran los lectores este Diario, en su edición del 17 de agosto del 2011, publicó la nota titulada, “Exigen transparencia en entrega de ayudas humanitarias”. Según el desarrollo de la misma comunicó que la Gobernación de Santander se puso en alerta de la situación una vez este medio de comunicación puso en aviso a las autoridades sobre la situación de la supuesta irregularidad encabezada del entonces secretario del interior del departamento, Constantino Tamí Jaimes.

Resultados de la investigación

La Contraloría a través del oficio que hizo llegar hasta EL FRENTE, con la resolución de su investigación, basada en la información proporcionada por secretario privado de la Contraloría General de la República, Dr. Manuel Antonio Díaz; el secretario del interior de la Gobernación de Santander, en ese entonces, el Dr. Constantino Tamí Jaimes; el asesor del Grupo de Gestión del Riesgo de la secretaría del interior de la Gobernación de Santander, Dr. Jorge Yesid Vera Vélez; la coordinadora del Grupo de Gestión del Riesgo (E.) Dra. Judith Gregoria Miranda. Quienes colaboraron con el cruce con los documentos fuente en cada una de las dependencias relacionadas con la administración y ejecución de dicho recursos.

Producto de la información recolectada, la Contraloría para el seguimiento de de dichos recursos destinados a atender a los damnificados de la ola invernal 2010-2011, las ayudas se entregaron de conformidad con los parámetros estatuidos por la ley para esos efectos. “verificado que las ayudas fueron entregadas a la población necesitada, y conocida la denuncia ante la Procuraduría instaurada por el secretario del interior de la Gobernación de Santander, para que el órgano de control competente n materia disciplinaria asuma la investigación sobre la posible utilización de recursos del estado en campañas proselitistas, considera esta Gerencia que no existe mérito para iniciar una acción fiscal” expresa el texto. 

Cronograma de la recolección de información

La primera acción realizada por la Contraloría fue el envío del oficio Nº. 80682-9071 del 19 de septiembre de 2011 al Dr. Constantino Tamí Jaimes, secretario del interior de la Gobernación de Santander, con el fin de que él precisara el origen de los recursos que había solicitado para las ayudas humanitarias y procedimiento para la entrega y transporte de las mencionadas ayudas.

El 20 de octubre de 2011, ante la no respuesta del oficio en mención, se retiró la petición de respuesta con oficio 80682-10225.

Para el 3 de noviembre el ente regulador recibe por parte del Asesor del Grupo de Gestión del Riesgo en el departamento de Santander, la copia del acta de entrega de las ayudas suscritas por el Alcalde del municipio de Puerto Wilches. (Ver cuadro).

Dentro de esa misma acta se certifica el Nelson Pinzón alcalde Puerto Wilches solicitó además como líder del Clopad en este municipio, solicitó el envió de las ayudas por parte del gobierno departamental, transportando las ayudas en el camión XMD-350.

La copia de dicha solicitud de ayuda presentada por el alcalde del municipio de la provincia de Mares, fue pedido por la Contraloría el 16 de noviembre del 2011 bajo el oficio 80682-11216 dirigida l gobernador de Santander, del mismo modo solicitaron las copias de las actas de entrega de mercados y kits de aseo a los damnificados del corregimiento El Guayabo, junto con la fotocopia de la denuncia instaurada ante la Procuraduría por parte del secretario del interior de Santander, para así poder esclarecer la información publicada en los medios de comunicación.

Dicha fotocopia de la denuncia fe recibida por el órgano de control el 17 d noviembre. Así como las copias de la solicitud de ayudas y actas de entrega.

Finalmente el 14 de diciembre la Contraloría luego de verificar los 13 folios enviados a su despacho con 117 firmas de damnificados de dicho corregimiento,  encontrando que hacía falta por entregar 16 ayudas, que fueron enviados por el alcalde del municipio de Puerto Wilches en dos tiempos más.

Lo que produjo la resolución de la Contraloría sobre el tema  negándose a proceder con cualquier acto fiscal ya que según sus investigaciones, todas las entregas se hicieron de buena forma.