Como los parlamentarios aprueban las leyes que propone el gobierno de turno sin leer muchas veces su contenido, simplemente por complacer al monarca y por hacer respetar sus cuotas burocráticas, terminaron acabando con las distintas empresas que ejercen “tercerización laboral” en Colombia, todo lo cual quiere decir que en las zonas agrarias, los trabajadores de las fincas deben ser  vinculados a la nómina, para disponer de los beneficios de la seguridad social, pagar las cuotas parafiscales del Instituto de Bienestar Familiar y las retenciones para las Cajas de Compensación Familiar.

El cambio sorpresivo de la política laboral del gobierno ha creado pánico entre los inversionistas y aunque el Ministro del Trabajo, que estuvo de visita en Bucaramanga, lo niega rotundamente, se ha causado enorme daño a la economía nacional, porque resulta imposible contratar trabajadores temporales para actividades cíclicas, como la recolección de café que solamente se realiza durante tres meses al año y del fruto social de la palma africana, que tiene tres cortes al año.

La adopción de multas que estrangulan la economía de las empresas palmeras ha sido motivo de alarma, porque se trata de cifras impagables, en las cuales se ejerce una especie de chantaje legal, porque se admite que las multas puedan rebajarse de acuerdo con el número de nuevos empleos directos creados en la nómina interna de las empresas privadas que fueron sancionadas.

La política de la zanahoria y el garrote, que viene aplicando el Ministro del Trabajo, Rafael Pardo Rueda, para hacer efectiva la “Ley de Formalización Laboral”, destruye todos los incentivos que el gobierno anterior, del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, creó para el sector agropecuario. El actual gobierno está lanzando un mensaje equivocado contra los inversionistas del sector agropecuario, cuando trata de someterlos a un nuevo formato de contratación de sus trabajadores, con medidas imprudentes, que tienen efectos inmediatos sobre la palmicultura, la caficultura, la ganadería  y demás actividades productivas del sector agropecuario.

Como queriendo complacer a las fuerzas ilegales que intervienen en las zonas agrarias del país, el gobierno del presidente Santos le ha dado alas a la subversión para que regrese a regiones que fueron de su absoluto dominio, de donde fueron desterrados por la política de mano fuerte, que aplicó la administración anterior del presidente Uribe.

Golpear a la palmicultura, que el año pasado creció un veinticinco por ciento y que tiene la posibilidad de seguir creciendo, para intervenir en el mercado mundial de combustibles de origen biológico, es un suicidio. Las cooperativas de trabajo asociado, que han ejercido la intermediación laboral, quedaron proscritas en la Ley 1429 del año pasado y solamente hasta ahora, cuando se ha producido una enorme y justificada reacción de los propietarios de industrias palmeras, es cuando se advierte el daño que se le hace a la paz de Colombia y a la economía nacional.  Estos errores políticos precipitan el regreso de grupos violentos a las zonas agrarias del país, así los voceros de la administración social digan todo lo contrario.