Las obras de construcción y pavimentación de la carretera Bucaramanga – Matanza – Suratá han sufrido enorme retraso por la perniciosa influencia de contratistas foráneos, que llegaron a este departamento con recomendaciones de miembros de la clase política. El nuevo secretario de infraestructura, ingeniero Enrique Bueno, tuvo que recibir ayer una delegación del municipio de Matanza, encabezada por el alcalde Orlando Lizcano García, solicitando explicaciones por la paralización de las obras. Los estragos ocasionados por el invierno del año pasado y la mala fe de los contratistas, causaron enorme daño a la pavimentación de la carretera que comunica a la capital de Santander con los pueblos mineros.
Durante estos días el diario Vanguardia Liberal ha destapado el carrusel de contratos que la administración del ex alcalde Héctor Moreno Galvis adjudicó durante los tres meses que duró su fugaz administración. ¿Qué habría sido del partido liberal si el doctor Moreno Galvis, en vez de ser alcalde interino de Bucaramanga por muy poco tiempo, se hubiera ganado la gobernación de Santander, que ambicionaba como legítimo heredero de los derechos de primogenitura del Frente de Izquierda Liberal Auténtico (FILA), que dijo haber fundado junto con el ex gobernador Horacio Serpa?
¿Qué puede haber pasado con los subsidios de vivienda social que se firmaron con los municipios del departamento, muchos de los cuales aún no se han liquidado? Es una inquietud que tiene el nuevo gobierno de Santander, empeñado en saber donde se invirtieron veinticinco mil millones de pesos que se aplicaron a este programa.
El contralor de Santander, Argemiro Castro Granados, se ha encontrado con un informe de auditoría que habla de la desviación de recursos del departamento en el programa del Parque Recreacional Acualago de Floridablanca, donde se entregaron cinco hectáreas de terrenos urbanizables y una donación del departamento por cinco mil millones de pesos. Inversión similar debía realizar este equipo de “filántropos” en la ciudad de Barrancabermeja.
Cursa en la Asamblea de Santander un proyecto de ordenanza que faculta a la administración seccional para entregar algunos hospitales como el de San Vicente de Chucurí a entidades de derecho privado, por el término de veinte años, tema por el cual la administración pasada ordenó unas investigaciones que todavía no han concluido, porque en el proceso de liquidación de la red hospitalaria del departamento hubo personajes de dudoso comportamiento, que vendieron bienes muebles e inmuebles como si fuera su patrimonio privado.
La demora en la ejecución de las obras del puente atirantado de la carrera novena, donde una firma mexicana lleva más de un año levantando dicha estructura, genera enorme preocupación, toda vez que los dineros aprobados para esta maravillosa obra de ingeniería quedaron asegurados desde la época en que el ex alcalde Fernando Vargas Mendoza estuvo al frente de la administración municipal. Se especula con la exigencia de exorbitantes reajustes, atribuidos al fenómeno del invierno que hasta finales del año pasado ocasionó problemas en las obras públicas.
Se ha guardado silencio sobre la suerte del plan de transporte masivo Metrolínea, esperando que el nuevo gerente del proyecto, Jaime Rodríguez Ballesteros, tenga la barita mágica para resolver los errores de diseño en el trayecto Floridablanca – Piedecuesta y la construcción de las obras finales, que requieren de la generosa ayuda de la nación. Algunos contratistas han quedado mal en la ejecución de las obras, con grave perjuicio para el desplazamiento de vehículos entre los principales municipios de la zona metropolitana.