La lucha sindical se orienta a demostrar que hubo un gran fraude a los intereses del departamento de Santander, en una negociación donde se reconocieron en papeles y documentos unos valores cercanos a los trescientos setenta mil millones de pesos, de los cuales se encontraron en bancos y corporaciones financieras, producto del ahorro acumulado por pasadas administraciones, unos depósitos por cuantía cercana ó superior a los ciento diez mil millones, lo que confirma el gran engaño a que fueron conducidos los representantes de nuestro departamento en la mesa de negociaciones.
Los documentos elaborados por varios investigadores privados, que en su oportunidad fueron expuestos durante memorable debate realizado en el Congreso de la República por los ex parlamentarios Oscar Josué Reyes Cárdenas, desde el recinto del Honorable Senado y Álvaro Alférez Tapias, desde la Cámara de Representantes, durante el pasado período constitucional, hacen claridad sobre la estratagema que utilizó Empresas Públicas de Medellín, para quedarse con el negocio.
El propio ex presidente de la república, doctor Álvaro Uribe Vélez, se convirtió en juez y parte de la negociación, señalando mediante actos administrativos que llevan las firmas de los ministros de minas y energía y de hacienda, una hoja de ruta que hacía nugatorio todo procedimiento distinto al de colocar las acciones de la nación en poder del monopolio antioqueño. El gobierno de Santander, representado entonces por el ex gobernador Horacio Serpa Uribe, aceptó las recomendaciones de su vocero en la mesa de negociaciones, el doctor César González, quien habiendo recibido cuantiosos honorarios por sus servicios, fue débil al aceptar el engaño y conducir al gobierno departamental a su propia equivocación.
Tres años después del estropicio, la Empresa Electrificadora de Santander estás convertida en un centro de negocios de empresarios antioqueños, que ahora quieren crear una figura controvertida en el manejo financiero, bajo el nombre de “Inversiones ESSA”, para favorecer sus intereses económicos, en detrimento de los intereses del departamento de Santander, que apenas maneja el veinte por ciento del componente accionario y que solamente cuenta con uno de los cinco escaños en la junta directiva.
Es hora de adelantar el juicio de responsabilidades, porque de acuerdo con los aforos que han hecho inversionistas privados en las empresas electrificadoras del país, la nuestra, la que era de los santandereanos, ha sido aforada en tres billones de pesos y hemos sido despojados del manejo de esta compañía que representaba ciento diez años de historia. La acción popular encaminada a reversar esta absurda negociación está en camino, gracias al Sindicato de Trabajadores del Sector Energético –SINTRAELECOL – que han convocado un gran foro regional para los próximos días, donde urge la presencia de los organismos de control, pero especialmente de la Procuraduría General de la Nación.