El cese de actividades administrativas de los trabajadores, que inició el pasado lunes 20 de febrero, se ratificó con la llegada del nuevo funcionario. Miguel Navarro, dirigente de Sinaltracomfa, sindicato que agrupa trabajadores de las cajas de compensación familiar de todo el país, mencionó que no aceptan “ningún director nombrado por el superintendente de subsidio familiar, debido a la situación que nos lleva a pensar que necesitamos la presencia directa de la entidad pues la situación económica y financiera de la caja es lamentable, esto se ha dado dentro de los 4 años que lleva intervenida la caja”, refirió Navarro. Según los trabajadores, desde el 28 de enero de 2008, fecha en la que fue intervenida la caja por irregularidades administrativas que, según ellos, ya fueron superadas, el problema real es la administración del régimen subsidiado “que ellos mismos han venido manejado desde Barranquilla a través de politiqueros en especial de la senadora Karime Mota, y son ellos los que deben responder por el déficit financiero que supera los $20mil millones”, indicó Navarro. Los funcionarios informaron que a través de un plan de contingencia se prestan los servicios de salud, pero los administrativos no atenderán hasta tanto haya presencia de la superintendencia.

¿Qué generó desconfianza?

Los fuertes cuestionamientos que van desde sanciones disciplinarias por participar en política (con 10 años de inhabilidad), penales por supuesta responsabilidad en delito de fraude procesal y otras muy graves que han llegado, incluso, a imputarle presuntos cargos por paramilitarismo que lo vinculan con grupos delincuenciales de la costa norte colombiana. Los miembros del sindicato entregaron documentos emitidos por la Fiscalía General de la Nación, el DAS y la Procuraduría, que refieren dichas acusaciones. También trajeron a colación una versión libre de alias "Don Antonio", desde la cárcel Modelo de Barranquilla ante un fiscal de Justicia y Paz y de acuerdo con un documento de la Corporación Arco Iris, que indicaba que el DAS era la fuente que emitía las "listas negras de sindicalistas" que se entregaban a paramilitares para conocer cuáles eran los personajes que estaban obstruyendo el apoderamiento de la economía de la Costa Caribe por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La investigación contempla otros testimonios, como el del ex gerente de una de las compañías de seguridad, Jorge Palacio, quien rindió declaraciones a la Fiscalía y se acogió a sentencia anticipada después de que la Policía lo capturara por cargar una pistola que tenía las mismas balas utilizadas para el asesinato de uno de los sindicalistas. Fue entonces cuando, por medio de su testimonio, se logró el aprisionamiento en el año 2005 de varios de los ‘cerebros’ del escuadrón de la muerte Masim, como el ex gerente de Coolechera Manuel Combariza, el ex director del Hospital Materno Infantil de Soledad Saulo de Jesús Aristizábal Janica y el ex gerente de una de las empresas de seguridad, Teófilo Rey. En la publicación de la revista Cambio del 2 de noviembre de 2008, mencionan la presunta relación de Aristizabal con el asesinato del veedor Saúl Sandoval Rodríguez, denunciante de un sinnúmero de irregularidades en el municipio de Soledad, algunas de ellas vinculadas con el nuevo director de Cafaba.

“Soy inocente y quiero trabajar”: Aristizabal

“La doctora Margarita Navarro al parecer presento unos informes contables muy alterados, aunque no tengo las pruebas, en donde dice que Cafaba tiene deudas por 37 mil millones, la agente especial de intervención de subsidio familiar Lida Cristina Bula Narváez, dijo que con esas cifras ella tenia que presentar la liquidación de la caja, nosotros le mostramos una serie de documentos contables para tratar de hacerla entrar en razón y demostrar que las deudas de la caja no son tan altas y el paso no es la liquidación, el paso es saldar la caja, mi propósito es tratar de hacer una administración austera y por la experiencia que tengo, en defensa del patrimonio de la caja y de los trabajadores, han dicho desde que soy paramilitar, hasta que estoy inhabilitado, cosa que es totalmente falsa, acabo de llegar del aeropuerto y me reciben con esta situación, si no nos apuramos, la próxima semana estarán presentando el documento de liquidación de la caja y eso es lo que el sindicato no me ha dejado explicar, queremos sacar adelante la caja” Refirió a esta casa periodística Aristizábal Janeca.  Sumó a su posición el hecho de que, según el, han mal informado a los trabajadores diciendo que “la EPS es un cáncer pero eso no es cierto, lo que pasa es que no fue bien manejada, no hubo personas idóneas para manejarla y si no se tiene conocimiento de algo prefieren lavarse las manos como Pilato y entregar un servicio que podría ser altamente rentable para los intereses económicos de la caja. El superintendente me dijo que si quería despachar desde Bogotá, pero mi idea no es sentarme en una oficina sin verles la cara a los trabajadores, mi idea es venir y trabajar mancomunadamente con ellos y lo que encontremos mal lo denunciemos y saquemos adelante la caja. Soy inocente, me detuvieron por error en el año 2005 y me confundieron con un jefe paramilitar, demoré 85 días demostrando mi inocencia”.

Se afectarían 1400 empresas

Cafaba cuenta entre sus usuarios con 1400 empresas y más de 30mil afiliados, 155 trabajadores administrativos y todos están en cese de actividades desde el lunes y hasta tanto no se presente una comisión de alto nivel de la Superintendencia de Subsidio Familiar.