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Concejales de Floridablanca seguirán proceso penal en su contra en libertad



Concejales de Floridablanca seguirán proceso penal en su contra en libertad  | EL FRENTE

Era lo que se esperaba, desde el principio de esta semana, cuando iniciaron luego de varios aplazamientos las audiencias de formulación de imputación y medida de aseguramiento, cabía la posibilidad de que los 16 concejales quedaran en libertad pese a que la conducta punible superaba por mucho el tiempo de pena para que se les impusiera la medida de aseguramiento intramural.
 
La defensa de los actuales concejales, quienes están inmersos en un proceso penal por un presunto conflicto de intereses a la hora de elegir los cargos de Personero de Floridablanca y Contralor Municipal, logró echar por tierra varias de las imputaciones, e incluso puso en duda la idoneidad del material probatorio aglutinado por la Fiscalía General de la Nación para sustentar el caso.

Y así lo manifestó el juez 15 Penal Municipal de Bucaramanga, con funciones de control de garantías, quien reprochó al representante del ente acusador la legitimidad de una parte del material probatorio con el cual el ente investigador pretendía sustentar la imputación de las conductas punibles de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y fraude a resolución procesal.

Para estas conductas, el código penal expresa que las condenas parten de 80 a 154 meses de prisión, es decir, más de 4 años, tiempo en el que no aplicaría la excepción de la medida de aseguramiento, por lo que se infiere que sería obligatoria la imposición de la misma.

Pese a ello, el juez puso en duda la eventual idoneidad de las evidencias y además se refirió a que no tiene pretensión de validez el argumento de que no vuelvan a concurrir a las audiencias. En otras palabras, el juez cree firmemente en que no se volarán, poniéndolo en términos castizos.

“No son en ningún momento un peligro para el bien jurídico tutelado, que en este caso viene siendo la administración pública, ya que las pruebas en este momento no demuestran que haya existido a ciencia cierta el prevaricato”, indicó otro de los juristas.     

Y ante la ausencia de material probatorio que sustentara la imputación, el juez tomó la decisión de imponer una medida restrictiva de la libertad que no contempla medida de aseguramiento en intramuros o prisión domiciliaria.

“Hay ciertas restricciones como presentarse periódicamente al juzgado, y la imposibilidad de salir del país. Pero en ningún momento los procesados quedan inhabilitados para cumplir con sus funciones de representantes de la comunidad en el Concejo Municipal”, explicó otro de los penalistas a EL FRENTE.



Irregularidad en pruebas

“Se comprobó que las interceptaciones que efectuaron los investigadores contra varios de los concejales, e incluso contra varios de los abogados, fueron totalmente ilegales, y ello fue suficiente para el juez las hubiera relegado del proceso, debido a que no se utilizó un procedimiento que esté dentro de la ley, para utilizarlas como material probatorio en un proceso penal”, declaró uno de los abogados defensores, resaltando que esas grabaciones no solo no fueron ilegales en su obtención sino que tampoco contribuían a probar la tesis de la fiscalía.

De acuerdo a los representantes de la defensa, con estas grabaciones pretendía probarse que hubo comportamientos dolosos a la hora de realizar las escogencias para los mensionados cargos.

“Pero las grabaciones no eran muestra de cosa distinta a conversaciones que comúnmente realizan funcionarios públicos en la naturaleza de sus cargos, sin que en ellas se hablara situaciones delictuosas o comprometedoras judicialmente”, expresó a EL FRENTE uno de los juristas.   

Ahora el proceso penal avanzará hacia la resolución, por parte de otro tribunal, de una serie de recursos de reposición interpuestos por los abogados defensores, “ya que consideramos que la medida restrictiva es injusta y pediremos una libertad sin condiciones para nuestros representados”, expresó el abogado, quien aclaró que luego de surtido este trámite legal el proceso tomará el rumbo a surtir los trámites previos a la fase de juicio, tales como la resolución de acusación y audiencias preparatorias, etapa en la que fácilmente el proceso podría tardar más de un año, debido a la cantidad de procesados.



Así inició todo

Toda esta maraña jurídica en la que están incursos los actuales concejales de Floridablanca inició por la elección del Personero de Floridablanca y una nueva convocatoria para elegir el Contralor Municipal de la localidad.

“Se hizo una nueva convocatoria, pero algunos de los candidatos favorecidos en la terna seleccionada por una institución educativa superior interpusieron recursos de tutela, pues consideraron que la escogencia del concejo violaba sus derechos fundamentales. El Tribunal Administrativo avaló la tutela, cobijó los derechos fundamentales de los demandantes y ordenó que se debía seguir con el proceso de la primera convocatoria y es allí donde se contempló la posibilidad de que los concejales incurrieran en presuntas conductas punibles, las cuales desembocan luego en el proceso penal al que ahora asistimos”, explicó uno de los penalistas que defiende a un grupo de los concejales.

Diario EL FRENTE habló con el abogado Jaime Lombana quien defiende a cuatro de los concejales implicados en este proceso y señaló que hay contradicciones muy protuberantes que demostrará, en beneficio de sus defendidos.

“Aquí no hay prevaricato, no hay una acción dolosa destinada a desconocer una norma. Me parece una contradicción que la Fiscalía haya imputado a la mesa directiva anterior por contratar una firma inidónea para que escoja una terna y los impute criminalmente y ahora venga  a imputar  a los actuales concejales y a la mesa directiva actuales, por no haber escogido la terna que escogió ese contratista que la Fiscalía acusó con anterioridad”, dijo Lombana.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Política / EL FRENTE




Publicacion: Sabado 15 de Julio de 2017 
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