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Procuraduría fue condenada a pagar millonaria suma por destitución del alcalde de El Socorro



 Procuraduría fue condenada a pagar millonaria suma por destitución del alcalde de El Socorro | EL FRENTE Un pronunciamiento judicial proferido por un máximo tribunal anuló las sanciones administrativas y disciplinarias de las que fue objeto el ahora exalcalde del municipio de El Socorro, Ángel Antonio Acevedo Martínez, en el 2006, año en el cual fue investigado y luego sancionado por la Procuraduría General de la Nación, ente que lo destituyó del cargo y lo obligó a pagar una cuantiosa multa, tras declararlo culpable por la realización ilegal de un contrato que supuestamente no cumplía con la totalidad de los requisitos.

11 años después de haber sido destituido de su cargo, y de ser objeto de una dura sanción que lo obligó a mantenerse al margen de la gestión pública, un alto tribunal regresó los derechos jurídicos al arquitecto Ángel Antonio Acevedo Martínez, ahora exalcalde de la localidad socorrana quien, mediante una resolución proferida por la Procuraduría Provincial de San Gil y la Regional de Santander, instancias que lo sancionaron con la destitución inmediata y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 10 años, sanciones que hoy la justicia consideró injustas, injustificadas y desproporcionadas.

La historia de este exabrupto judicial tiene sus inicios en el 2004 cuando Acevedo Martínez fue elegido como alcalde del municipio comunero, para un periodo de tres años, es decir, hasta el año 2007.

Sin embargo, su periodo no pudo finalizar. Mediante los actos administrativos 017 y 089 del 2006, proferidos por el ente disciplinario, el alcalde Acevedo Martínez debió abandonar las instalaciones de la alcaldía, prácticamente, por la puerta trasera de la sede de gobierno.


Así inició el proceso

Con estas resoluciones finalizó una investigación realizada por la Procuraduría Provincial, en la que, supuestamente, se advirtió por parte del ente de control de lo que parecía ser la realización de un contrato viciado relacionado con la ejecución de un proyecto de acueducto y alcantarillado para la localidad.

En palabras del alcalde Acevedo Martínez el proyecto se describe así: “En mi ejercicio funcional quise resolver un problema endémico de la ciudad relacionado con el acueducto, alcantarillado, aseo, manejo de residuos sólidos y alumbrado, en un esquema institucional sostenible y estable en el tiempo, que proveyera las soluciones de corto, mediano y largo plazo. Para tal efecto suscribí un contrato de consultoría con la firma Gestar Colombia LTDA, por valor de $21 millones 500 mil pesos”.

Pero en el ente de control analizaron la letra pequeña del contrato y a juicio del funcionario de la procuraduría que instruyó judicialmente el caso hubo circunstancias que fueron consideradas como faltas gravísimas.

Por ejemplo, el no haber adelantado en forma previa los estudios de análisis de conveniencia y oportunidad, con lo cual, según la procuraduría, se desconocieron los procedimientos estipulados para este fin en la Ley 80 de 1993.

Con esta circunstancia, el ente disciplinario le imputó la falta descrita en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002: “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”.

Pese a que la defensa del alcalde apeló la decisión, esta fue confirmada en por la Procuraduría Regional de Santander.


La mejor defensa es el ataque

Con la decisión en firme, el proceso quedó ahí, con el alcalde sancionado e inhabilitado, eso hasta el 2013 cuando el alcalde rearmó un proceso administrativo en contra de las instancias que lo sancionaron, apelando a otro artículo ubicado mucho más debajo de la norma con la que se justificó su destitución.

Hablamos del Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, en el cual se recusa a la Procuraduría General de la nación por emitir una sanción sin la presencia de una prueba irrefutable: “Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado”.

De acuerdo con la defensa del alcalde Acevedo Martínez, la decisión disciplinaria no valoró la prueba en debida forma, porque el estudio de conveniencia y oportunidad del contrato de renovación del acueducto, alcantarillado y alumbrado público, fue elaborado en la etapa precontractual. Es decir, los estudios de factibilidad si se elaboraron y sí se presentaron, pero se hicieron de manera paralela así: parte contractual, parte presupuestal.

“La Procuraduría no homologó el mencionado estudio, lo cual es un error. El ente disciplinario debió armonizar la parte contractual con la presupuestal, dado que con esa interpretación se vulneró el principio de articulación”, argumentó la defensa del exmandatario.


Declararon la nulidad

Luego de recorrer varias instancias, la demanda interpuesta por la defensa del exalcalde llegó hasta la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el máximo tribunal en materia de litigios administrativos y allí cayó en manos de la consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez.

La decisión: declarar la nulidad de los fallos de 19 de abril de 2006 y 19 de octubre de 2006, proferidos por la Procuraduría Provincial de San Gil y la Regional de Santander, por los cuales se sancionó al señor Ángel Antonio Acevedo Martínez con destitución del cargo de alcalde del municipio del Socorro - Santander e inhabilidad general por el término de 10 años.

Es decir, con este fallo el Consejo de Estado le devolvió su dignidad de alcalde a Acevedo Martínez, ya que con la destitución ni siquiera podía llamársele exalcalde, y además le restituyó sus derechos para ocupar cargos públicos, aunque el tiempo de la inhabilidad ya había trascurrido en su totalidad.

Pero eso no es todo. La Consejera condenó a la Procuraduría General de la Nación a pagar al exalcalde Ángel Antonio Acevedo Martínez el valor de los salarios –incluyendo todos los factores y emolumentos salariales legales- dejados de percibir desde la efectiva ejecución de la sanción hasta la terminación de su periodo constitucional (2004-2007) como alcalde del municipio de Socorro (Santander), suma que podría ser cercana a los mil millones de pesos.



Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Política / EL FRENTE


Publicacion: Viernes 17 de Noviembre de 2017 
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