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Exsecretaria de educación Ana de Dios Tarazona saldrá libre



Exsecretaria de educación Ana de  Dios Tarazona saldrá libre  | EL FRENTE Luego de varios intentos por lograr la libertad de la exsecretaria de educación departamental, Ana de Dios Tarazona, ayer un juez de control de garantías del distrito judicial de Bucaramanga accedió a las pretensiones de la defensa de la imputada, la cual argumentó hasta la suficiencia el vencimiento de términos en el que se encuentra el proceso.



Por Camilo Ernesto Silvera Rueda

Redacción Política / EL FRENTE

Tarazona, junto con el exfuncionario Aníbal González obtendrán su libertad, la cual se hará efectiva hacia el mediodía de hoy, luego de que a la dirección de la Cárcel El Buen Pastor de Bucaramanga llegue la respectiva boleta de libertad, librada por el Juzgado 16 con funciones de Control de Garantías Constitucionales de Bucaramanga, tribunal que presidió la diligencia.        

En conversación con EL FRENTE, el abogado defensor de Tarazona, el penalista Rodrigo Parada Rueda, explicó que el Código General del Proceso (antiguo código de procedimiento penal) tiene explícito un acápite en el que refiere que, todo procesado que alcance 240 días cautivo, sin llegar a la etapa de juicio oral, debe quedar en libertad, por supuesto, sin que esto quiera decir que haya sido declarada su inocencia.

En otras palabras, Tarazona y González continuarán vinculados al proceso judicial, pero afrontarán las etapas restantes en libertad y en el caso de ser hallados culpables regresarán al respectivo penal.

“Sí. La ley expresa un máximo de 240 días. En el caso de Tarazona vemos que al día de hoy ya van 293 días y el proceso ni siquiera ha llegado a las audiencias preparatorias, que son una etapa previa al juicio oral. Al demostrar esta circunstancia, se hace necesario que el juez otorgue la libertad de mi defendida”, indicó el penalista Parada Rueda, quien explicó que al retraso se llega no por culpa de la defensa, sino por responsabilidad de la Fiscalía.

“Quiero ser enfático que a lo largo del proceso la defensa ha concurrido con premura a todas las diligencias y no ha solicitado una sola suspensión de las audiencias como estrategia dilatoria. Lo que ocurrió fue que el escrito de acusación fue rechazado en dos ocasiones por parte del juez de conocimiento y esto obviamente retrasó las etapas procesales”, explicó el litigante.

Ahora bien, sobre el espíritu de las imputaciones, el penalista aseveró que los delitos iniciales se mantienen pero que confía ciegamente en que la fiscalía, en juicio oral, no podrá demostrar la culpabilidad de su defendida pues lo que hay son interpretaciones subjetivas de hechos por parte de la fiscalía, más no conductas explícitamente punibles.



El expediente

Ana de Dios Tarazona y Aníbal González Sánchez, exdirector del Plan de Alimentación (PAE) Santander fueron capturados por presuntas inconsistencias halladas en la ejecución del contrato del PAE 2016, celebrado por la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Educación, en el cual se estableció un peculado superior a los 2000 millones de pesos, según lo informó la Fiscalía General de la Nación.

Tarazona, quien hasta hoy ocupaba una celda en la cárcel de mujeres de Chimitá, debe responder por los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público y privado.

El fiscal General Néstor Humberto Martínez informó en su momento que los capturados  por este caso habrían incurrido en presuntas anomalías en el contrato suscrito el 21 de abril de 2016, entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada para cubrir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por un valor inicial de $23 mil 844 millones de pesos, para 82 municipios no certificados, es decir, localidades que no tenían la autonomía para el manejo de recursos de la alimentación escolar porque cuentan con menos de 100.000 habitantes.

En septiembre del mismo año se realizó una adición de $6 mil 700 millones y posteriormente se presentó una nueva adición por $5 mil 200 millones, de tal manera que el valor total del contrato ascendió a $35 mil 744 millones de pesos.

Los dineros que, al parecer, se habrían desviado en el departamento, estaban destinados a la alimentación de 124.892 estudiantes de escuelas y colegios de Santander.



Las irregularidades

•    Direccionamiento del contrato: el pliego de condiciones del contrato fue presuntamente definido para que un solo proponente cumpliera los requisitos y exigencias de experiencia.

•    Proveedores ficticios: el análisis de la contabilidad refleja la adquisición de productos perecederos en municipios apartados en los departamentos de Tolima, Huila y Meta.

•    Los investigadores de la Fiscalía viajaron a cada una de las zonas descritas y comprobaron con testimonios y evidencia física que las organizaciones que supuestamente suministraron los alimentos no existían, estaban inactivas o en proceso de liquidación y, en la mayoría de los casos, no cumplían con el objeto social para desarrollar esta actividad económica.



En las inspecciones fueron

detectadas anomalías como:

    Meta: en Acacías se formalizó un contrato por treinta millones de pesos ($30.000.000) con la Asociación de Operadores de Grúas T&A, para el suministro de tamales. Allí se pudo constatar que esta entidad no tiene por objeto este tipo de actividad. Lo más revelador, los trabajadores de grúa certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales. Complementariamente, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes.

    Suaza (Cundinamarca): pagaron doscientos noventa millones de pesos ($290.000.000) a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Palo Gordo, por el suministro de frutas y verduras. La policía judicial de la Fiscalía tiene evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga.

    Tolima: en Rovira supuestamente fue contratada la Asociación Familia Proyecto Al Futuro, por sesenta millones de pesos ($60.000.000) para el suministro de frutas. Los dineros fueron consignados en la cuenta de la señora Catalina Trujillo, quien sería la hermana de Germán Trujillo Manrique, uno de los señalados contratistas vinculados a la investigación.

    Presentación de personal falso en la propuesta: el pliego de condiciones exigió un equipo mínimo de profesionales como requisito. Sin embargo, al verificar el personal presentado en la propuesta, se determinó que dos de los profesionales nunca tuvieron nexos laborales con la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada, ni la conocían.

    Falsedades en la contabilidad: en la contabilidad aparecían gastos en marzo y abril cuando no se había celebrado el contrato. Asimismo, los investigadores identificaron 46 transacciones ficticias, establecieron que los estados financieros carecían de soportes de contabilidad y no reflejan la realidad económica de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada.




Publicacion: Jueves 10 de Enero de 2019 
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