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Caso Galán, intimidades de una barbarie judicial



Caso Galán, intimidades de una barbarie judicial | EL FRENTE
La presente investigación fue publicada inicialmente en el año 2006, en Periódico 15 de la UNAB y gracias a ella su autor, el comunicador Camilo Ernesto Silvera Rueda, fue reconocido con un premio nacional de periodismo en la categoría de mejor informe. Meses después, cuando el documento circuló ampliamente a través de la internet, llegó manos de investigadores de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación y fue pieza fundamental para iniciar la investigación que luego terminaría generando órdenes de captura en contra de oficiales de alto rango, pertenecientes a la Dijin y el desaparecido DAS. EL FRENTE revive ahora la investigación para contarles a sus lectores la otra historia del crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento, el primer falso positivo judicial de la historia del país, orquestado contra cinco colombianos que nunca tuvieron que ver con el asesinato.
 
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Política / EL FRENTE

Para agosto de 1989 el General Miguel Alfredo Maza Márquez era el director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. La dirección de la Dirección Nacional de Policía Judicial, Dijin, estaba precedida por el Coronel Óscar Eduardo Peláez Carmona.

Bajo la responsabilidad de éstos se encontraba realizar la investigación, y con base en los resultados, hacer las respectivas pesquisas que condujeran a la captura de los autores materiales e intelectuales del crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento, virtual ganador en las elecciones a presidente del año 1990, ocurrido el 18 de ese mes, hace 17 años. La responsabilidad de absolver o condenar a los sindicados recaía sobre el juez de instrucción criminal Ezequiel Sanabria Palacio.

Los resultados de esas investigaciones convierten el proceso judicial, que pretendía aclarar la muerte del político, en uno de los fiascos judiciales más vergonzosos de la historia del país, concordando esta circunstancia con la frase del célebre ensayista francés Michel de Montaigne: “Los errores judiciales son más criminales que el crimen mismo”.

Y así se lo hizo saber Euclides Silvera Henríquez, abogado de 2 de los primeros 5 sindicados por el crimen, a la Procuraduría General de la Nación, división de Vigilancia Judicial cuando sus defendidos llevaban 2 años de cárcel (duraron 4 años y 10 meses en cautiverio):

“Al llegar la investigación al estado en que se encuentra no nos queda la menor duda, por los oscuros intereses que se manejan en torno a la misma, para confundir a las autoridades (Juez), que existe una consigna siniestra para mantener cautivos a inocentes ciudadanos para dar la sensación de que se está haciendo justicia, cuando la verdad es otra muy distinta, ya que los verdaderos responsables aparecen ajenos al proceso. (...) El juzgado, haciendo gala de un obstinado menosprecio de la dignidad, ha hecho caso omiso al sinnúmero de evidencias y aún mantiene en suspenso la decisión de fondo: la libertad incondicional”.

A la fecha se sabe que José Evert Rueda Silva y Jaime Eduardo Rueda Rocha participaron como autores materiales en el crimen. Ellos, cuando fueron capturados, relataron la participación del Cartel de Medellín en el magnicidio.

“De acuerdo con lo que confesó el mismo Rueda Silva, ellos coordinaron todo lo que fue la logística del hecho: consiguieron los sicarios, establecieron unos contactos en Bogotá, al parecer con un grupo de oficiales que tenían contacto directo con la escolta personal de Galán para infiltrase en el grupo de escoltas”, relató Silvera Henríquez. Los dos fueron asesinados.

La hipótesis de la presunta participación de los organismos de inteligencia en el crimen fue reforzada en julio último por Virginia Vallejo, ex amante de Pablo Escobar, en una entrevista televisada, y por Alonso Salazar, periodista, en su libro Un profeta en el desierto, y quien en la actualidad se desempeña como Secretario de Gobierno de Medellín.

El inició del montaje:
la búsqueda de culpables
En Bogotá, hacia las 11 a.m. del 22 de agosto de 1989, en la carrera 4 # 19-79, se realiza el operativo policial que culmina con la captura del primer grupo de sindicados que, supuestamente, participaron como autores materiales en el asesinato del líder político santandereano, Luis Carlos Galán Sarmiento. El operativo lo coordinó el teniente de la Policía Rodríguez Gonzáles quien en compañía de varios oficiales ingresó a la oficina de propiedad del comerciante Jaime Valencia.

“Esto es un allanamiento”, dijo el oficial a Norberto Murillo Chalarca, Pedro Telmo Zambrano (trabajadores de Valencia), Armando Bernal Acosta, Alberto Júbiz Hazbum, (quienes se encontraban en la oficina para ultimar con el comerciante detalles de una agroindustria).

El contingente de oficiales inició el operativo con la requisa de los presentes y después efectuaron la inspección de la oficina. Hasta ese instante, todo parecía normal, puesto que para el momento estaba en vigencia la figura del Estado de Sitio (hoy conocida como Estado de Conmoción Interior), figura en la que, entre otras cosas, se podían realizar inspecciones judiciales sin la orden de un Juez. Sin embargo, Rodríguez, el oficial al mando, afirmó que el operativo había sido ordenado por el juzgado 58 de Instrucción Criminal.

Después de requisar toda la oficina, Rodríguez aparece con una ametralladora en su mano: “Con que con esta arma le dieron a Galán, ¿no?”, dijo el oficial. Con esa afirmación los estaba inculpando, sin pasar por el respectivo filtro de un juez, del crimen del entonces Senador de la República, Luis Carlos Galán.

Para reportar la novedad a su superior, el teniente Rodríguez se comunicó por radio con su superior, el Coronel Peláez Carmona, director de la Dijin. En la conversación, según el relato de uno de los detenidos a uno de sus abogados, Rodríguez le dice que entre los capturados hay uno que tiene apariencia de extranjero, más exactamente de Israel. Se refería a Alberto Júbiz Hazbum, quien por tener ascendencia árabe conservaba rasgos físicos de esa cultura.

Como resultado de esa aseveración Hazbum, quien era tan colombiano como barranquillero, fue relacionado con el mercenario Israelí Yair Klein, quien participó en el entrenamiento de grupos de justicia privada, bajo el mando del otrora capo del Cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha. El mismo Klein, en entrevista otorgada a un medio de comunicación europeo, desestimó la relación de este químico farmaceuta con los grupos de justicia privada de El Mexicano.

En la hoja de registro de la diligencia de allanamiento dice que se decomisó una ametralladora (que supuestamente estaba allí), tres chaquetas de cuero, un revólver con su respectivo salvoconducto, papelería y varios libros. Además de lo anterior, Peláez Carmona afirmó que también se incautó una pistola 9 mm y dos chalecos antibalas, pruebas que nunca fueron aportadas para su análisis.

Al llegar a las instalaciones de la Dijin los detenidos fueron mostrados ante los medios de comunicación del mundo como los asesinos de Galán. Carmona, en un acto incomprensible, decide entregar las fotos de captura primero a los medios que al reseñador.

El 24 de agosto, dos días después de la detención y seis días después del magnicidio, el Presidente de la República Virgilo Barco Vargas fue víctima de la incipiente tramoya: “Colombianos, les prometí que el crimen de Galán no quedaría impune, aquí tienen a los asesinos”, dijo señalando las imágenes de los capturados.

Al cumplirse el segundo aniversario del asesinato, el Tribunal de Orden Público (superior jerárquico de los jueces sin rostro) se pronunció sobre la injusticia: “Equivocado y peligroso será pretender ignorar las irregularidades extraprocesales sucedidas alrededor de la captura de los sindicados, específicamente su presentación pública nacional a través de todos los medios de comunicación del país, antes que estos fueran dejados a órdenes de la autoridad judicial”.

Por unos huevos
Al grupo de capturados se sumó Héctor Cepeda Quintero. Según Carmona éste fue capturado el 23 de agosto de ese año, gracias a la cooperación de Hazbum y Bernal, quienes supuestamente lo delataron. Por lo menos así lo afirmó a varios medios de comunicación.

Realmente fue capturado a las 10:30 p.m., la misma noche del asesinato de Galán, en inmediaciones de Puente Aranda (un barrio industrial de Bogotá), y a 30 metros de su casa, en un teléfono público. Estaba en bata, pijama y pantuflas realizando una llamada para concretar un negocio de huevos cuando fue abordado por una patrulla motorizada. En segundos pasó de ser un comerciante de huevos al asesino de Luis Carlos Galán Sarmiento.

Según el expediente, la historia con la que se le ligó al crimen es la siguiente: Cepeda fue acusado como el parrillero que iba con una metralleta en el hombro, a la vista de todos, y camino a Soacha, cerca al frigorífico Guadalupe, sufrió un accidente del cual, a pesar de ser serio, se incorporó de inmediato para seguir hacia Soacha a cumplir con el crimen.

Hasta el momento el plan de mostrar a los organismos de inteligencia del país como uno de los más eficientes y eficaces del mundo estaba funcionando, pues en sólo cuatro días, tiempo récord en el mundo, fueron capturados los asesinos de Galán.

Los testigos: segunda
pieza en la patraña
Habiendo capturado a los supuestos culpables, la preocupación ahora se centraba en cómo probar que la mentira era cierta. Para ello, Peláez Carmona ordenó que las fotos tomadas a los sospechosos la tarde anterior en la Dijin fueran pegadas en cafeterías, restaurantes y plaza principal de Soacha. “Se gratifica a quienes vayan a las dependencias de la Dijin y reconozcan a estos como los asesinos del doctor Galán”, era la frase que se leía en el panfleto, debajo de la foto.

Al día siguiente la entrada de la Dijin estaba atiborrada de supuestos testigos, quienes a cambio de unos pesos reconocerían al asesino de Galán. Los principales testigos para afianzar la hipótesis de que quienes estaban capturados eran los asesinos materiales de Galán fueron:

Bety Valbuena Rincón o Bertilda Valbuena de Arévalo: Identifica al mismo sindicado como una persona que “entre las 6 y las 6:30 de la tarde andaba caminando nervioso y con actitud sospechosa por una de las esquinas de la plaza”, dijo. Ante el juez, fue indagada en dos ocasiones distintas acerca de la apariencia de la persona que dijo haber visto disparar en contra de Galán. En las dos versiones describió a una persona con rasgos físicos distintos.

Luis Guillermo Gutiérrez Sánchez: Dice haber visto a Hazbum, a la misma hora del testigo anterior, en el interior de su local (bar), en el cual habría ingerido dos botellas de aguardiente en compañía de otro hombre.

Luz Ángela García Gonzáles: se inventó haber sido novia de Hazbum. Ella recalcó que su supuesto novio y Armando Bernal Acosta (otro de los sindicados) le había advertido no ir a Soacha porque “se iba a armar una balacera y que tenían que hacer un trabajo”, dice la supuesta testigo.

Después de cierto tiempo el fiscal desestimó la calidad de la testigo; un examen psíquico arrojó como resultado que García "sufre trastornos mentales". De inmediato el juez otorgó la libertad a Armando Bernal. Sin embargo, para el caso de Hazbúm la testigo sí tenía pretensiones de validez, razón por la cual el barranquillero continuó cautivo.

Eduardo Cardozo Leguizamón: El 31 de agosto de 1989, bajo la gravedad del juramento, afirmó ser testigo privilegiado del asesinato. El 21 de septiembre, 22 días después de su declaración, es llevado a los calabozos del DAS a una ‘rueda de presos’ donde reconoció a Álvaro Espitia Montero como el asesino. Lo curioso es que Espitia fue deportado días atrás desde Francia, donde pagó una condena de 5 años en un reclusorio parisino. Es decir, Espitia, el hombre que supuestamente había sido reconocido como otro de los asesinos de Galán, se encontraba preso en Europa para el momento del crimen.

Una escolta sospechosa
En la mañana del fatídico 18, la Dirección General de la Policía envía el oficio No. 1952, donde se especifican acciones acerca del operativo de seguridad. Fruto de este comunicado los oficiales presentes en Soacha estaban autorizados para efectuar requisas e informar sobre la presencia de personas sospechosas. Según el expediente, la escolta personal del candidato estuvo compuesta por 10 agentes del DAS y 2 oficiales de la Policía (motorizados). En la plaza, 85 hombres de civil custodiarían al candidato.

A las 6:50 el candidato llegó a la plaza de Soacha. La secuencia de imágenes, tomadas por el camarógrafo de la campaña presidencial Galán Presidente, muestran al jefe de la escolta del candidato, el agente del DAS Jacobo Torregrosa, acompañando a Galán desde el momento en que se baja del vehículo. Torregrosa, al tiempo que el candidato se dirige hacia la tarima, se va rezagando.

El candidato sube a la tarima sin su jefe de escoltas. Los minutos siguientes se mantienen perennes en la mente de los colombianos: Galán en el suelo siendo acribillado. El jefe de escoltas reaparece en la escena solo cuando ya no había nada por hacer.

Días atrás, el mismo candidato le manifestó a Maza Márquez su preocupación por la sospechosa manera de actuar del agente y de los demás escoltas y advirtió que, no se sentía cómodo con la nueva asignación de escoltas del DAS. Maza desestimó las sospechas y le aseguró que Torregrosa era una persona de su entera confianza y que con el grupo podía sentirse seguro. Torregrosa fue destituido meses más tarde cuando intentó vender como chatarra los restos del bus bomba con el que se dinamitaron las instalaciones del DAS, el 6 de diciembre de 1989.

El arma, extraña
Coincidencia
Meses después de abierta la investigación, el DAS solicita al juzgado la devolución de una subametralladora imgran 001831, calibre 380 mm., perteneciente al detective urbano del DAS, Santiago Cuervo Jiménez, identificado con el carné No. 1588. Este agente resultó gravemente herido en el atentado y días después falleció.

Curiosamente, el Instituto de Medicina Legal, después de realizar la autopsia, logró determinar que el tipo de arma utilizado para cegar la vida del líder liberal responde a las mismas características del arma solicitada por el organismo: una subametralladora imgram calibre 380 mm. ¿Por qué si el arma es pieza probatoria, el DAS le pide al juez Sanabria la devolución de la misma? ¿Será que esa arma del DAS fue la que se utilizó para acabar con la vida de Galán?

Contra el DAS se formularon varias denuncias cuyo resultado aún es incierto. Varías de esas denuncias fueron reseñadas por la prensa nacional: El Tiempo, 7 de octubre de 1992: “La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos contra el ex jefe de la Policía Judicial del DAS, Norberto Murillo, por retención ilegal, torturas, maltratos y hostigamiento a testigos. Utilizaba una bodega de su esposa, a donde llevaba a los sospechosos de delitos que investigaba, con el fin de torturarlos para obtener información.

También se le acusaba de ocultar pruebas para desviar investigaciones en su contra y de amenazar testigos e investigadores. Se le acusa por la desaparición del abogado de derechos humanos, Alirio Pedraza”.

Así mismo, el director en la época del DAS, Maza Márquez, nunca le aclaró a doña Nidia de Ossa y a Bernardo Jaramillo Ríos, padres del también inmolado candidato a la Presidencia por la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, por una supuesta coincidencia en el grupo de escoltas de su hijo en el momento de su homicidio, y quienes también abrían sido escoltas de Carlos Pizarro León Gómez en el momento de su asesinato.
 
Publicacion: Domingo 18 de Agosto de 2019 
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