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Contraloría de Santander alista la carabina contra los corruptos



Contraloría de Santander alista la carabina contra los corruptos | EL FRENTE Para aquellos que dudan de los alcances de su gestión, ante las versiones de que por su cercanía con el Gobernador Mauricio Aguilar Hurtado podría hacerse el de la vista gorda, el recién posesionado contralor Carlos Fernando Pérez envía un mensaje: las actuaciones recientes en el Idesan, son solo el inicio de una serie de llamados que la contraloría realizará para salvaguardar los recursos de los santandereanos, no solo de gestiones departamentales anteriores sino también de la actual vigencia.
 

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Política / EL FRENTE

No es solo percepción, los cuatro años de la gestión del excontralor pasado, Diego Fran Ariza, fueron indiscutiblemente silenciosos, por los menos en lo referente en darle a conocer a la ciudadanía el trámite de los procesos investigativos o sancionatorios que en la Contraloría de Santander se adelantaron. Ojo, con esto no se quiere decir que haya sido ineficiente.
Para el nuevo contralor Carlos Fernando Pérez es necesario romper con ese paradigma, por eso a los 15 días de haber iniciado su gestión conversó con EL FRENTE para hacer públicas varias actuaciones de alta prioridad para la comunidad santandereana.

La primera de ellas se dio a conocer en estas mismas páginas durante la edición que circuló el día de ayer y da cuenta de la solicitud a la Gerencia del IDESAN la suspensión de un funcionario que lleva más de 20 años en la entidad al frente del Grupo de Gestión Administrativa y Financiera.

“La investigación inicio tras recibir numerosas quejas y denuncias sobre las cuales se inicia un proceso que no fue concluido, tras la  auditoria y mediante facultades especiales se solicita la suspensión al Director del IDESAN del funcionario Andrés Solano Aguilar para que sea removido de su cargo mientras se adelanta el proceso”, indicó aseguró el jefe del control fiscal, quien investiga en este caso el otorgamiento de créditos por más de 12 mil millones de pesos entregados sin que, presuntamente, existan las todas garantías de ley. 

“Durante el año pasado este caso del Idesan tuvo alguna sonoridad. Estamos trabajando de la mano con la jefatura de control interno de la entidad y con varias denuncias ciudadanas”, indicó el contralor departamental para luego mencionar que de manera simultánea se están adelantando investigaciones fiscales, no menos importantes.

Represa La Batanera
Se había planeado como la solución definitiva de agua para el municipio de Vélez y zonas aledañas. Sin embargo, el descalabro fue total. 9 mil 600 millones tirados a la basura (o en el bolsillo de algunos corruptos, pues las deficiencias técnicas de la estructura la llevaron al colapso.

Materiales de baja calidad, modificación del ducto, entre otros aspectos fueron denunciados en un estudio que evidenció como principal causa del colapso de la obra la modificación del ducto diseñado para el manejo de aguas.

“Esta falla fue porque el tubo de manejo de aguas que debía ser en material clase 4, se utilizó clase 1, este se rompió y después tomaron la decisión de colocarle un tubo metálico por dentro para trabajar a presión, por lo que al llenarse la presa se saturó y el material se deslizó ocasionando el colapso”, explicó un experto sobre el tema meses atrás, quien agregó que el estudio evidencio además la baja resistencia de los materiales utilizados para la construcción del terraplén, ya que poseían resistencia al cortante insuficiente para garantizar la estabilidad de los taludes en condiciones de saturación.

El experto resaltó además que en los diseños iniciales se planteaba que el ducto de 36 pulgadas trabajaría a flujo libre y una vez terminada la obra se clausuraría el paso de agua.

Por el momento se sabe que la aseguradora podría responder por el 30% de los recursos invertidos, mientras que el contratista que violó el Principio de Planeación al no informar dichos cambios, deberá responder por el 70% restante.  La inversión total en el proyecto superó los 9.660 millones de pesos.

“La investigación se encuentra cobijada bajo la reserva procesal, razón por la cual no se pueden dar muchos detalles del proceso. Lo que sí le puedo decir es que en este momento estamos a punto de vincular varias personas al proceso en calidad de investigadas, pertenecientes a distintos entes”, informó el contralor Pérez Gelves.

Cabe aclarar que en el proceso contractual de la represa intervino la Gobernación de Santander, a través de su Secretaría de Infraestructura; la Oficina de Aguas, y los contratistas de la obra.
“El proceso estuvo suspendido cerca de un año debido a un conflicto de competencias que tuvo que dirimir el Consejo de Estado para que fuese esta instancia la que decidiera si la investigación debía llevarla la Contraloría General de la República o la Contraloría de Santander”, acotó Pérez para luego recalcar que tras el fallo es la entidad bajo su mando la que tiene la misión de establecer responsabilidades.  

Sumadas a estas investigaciones, el Contralor departamental indicó que lleva también investigaciones por presuntos daños fiscales en el Hospital Universitario de Santander, Hospital de San Gil, Hospital del Socorro, así como en el Hospital Psiquiátrico San Camilo, investigaciones de las que prefirió no entregar mayores detalles hasta tanto no se instruyan completamente las indagaciones preliminares y se defina la pertinencia de su competencia.


 
Publicacion: Jueves 13 de Febrero de 2020 
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