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Se le quemaron las esperanzas de libertad a alias El Panadero



Se le quemaron las esperanzas de libertad a alias El Panadero  | EL FRENTE A Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, se le agotaron las alternativas para eludir los 28 años de prisión que deberá pagar por cuenta de los innumerables crímenes por los que fue condenado, inicialmente, en el marco de la Ley 975 de 2005, y cuyos beneficios le fueron anulados recientemente luego de que la Corte Suprema de Justicia lo expulsara definitivamente de la Ley Justicia y Paz. Se trata del falso testigo en contra del exparlamentario José Aristides Andrade.

Alias el Panadero no solo tenía en contra su pasado criminal, tanto en el Frente 24 del Bloque Magdalena Medio de las Farc como en Bloque Central Bolívar, sino que también sumó una serie de conductas delictivas posterior a su proceso de desmovilización de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

Por lo menos así lo afirmó hace pocos días un magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de justicia, el cual confirmó la decisión emitida el 19 de agosto de 2016 por la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, fallo en el que alias El Panadero fue expulsado de los beneficios de la justicia transicional para los paramilitares, concretamente por el caso de la violación y tortura de la periodista bogotana Jinet Bedoya.


Le mintió a la justicia
Bedoya, para la época de los hechos, a mediados del año 2000, trabajaba como redactora de la sección Justicia del diario capitalino El Tiempo y alternaba su agenda diaria con una investigación periodística en la que se intentaba establecer la veracidad de unas denuncias en las que se daba cuenta de presuntas desapariciones de internos en uno de los patios de La Modelo, principal centro carcelario de Bogotá, donde precisamente se encontraba interno Mario Jaimes Mejía.

En el transcurrir de la indagaciones, la periodista fue citada en frente del penal, ubicado en un punto industrial del centro de Bogotá y fue llevada, por órdenes que según la investigación de la fiscalía las habría dado Mario Jaimes Mejía a dos lugartenientes bajo el mando del extinto jefe paramilitar Miguel Arroyave, hasta un lugar aún indeterminado, donde fue violada, torturada, y luego abandonada desnuda en una vía que del Distrito Especial conduce hacia la ciudad de Villavicencio, capital del Meta, no sin antes afirmarle que su aberrante experiencia era un “mensaje a todo el periodismo colombiano”, según contó la periodista.

Penalmente la investigación no avanzó sino hasta el año 2011 y tras algunas confesiones realizadas por otros paramilitares, en el marco de la ley de Justicia y Paz, salió a relicur el nombre de Mario Jaimes Mejía, como presunto organizador de la logística que se emplearía para secuestrar y torturar a la comunicadora.

Sin embargo, alias el Panadero durante las audiencias de versión libre afirmó desconocer los hechos y negó toda responsabilidad en las imputaciones. Pero la verdad brillaba como sol.

Con el paso de los meses, y abrumado por el material probatorio en su contra, Jaimes Mejía finalmente aceptó la responsabilidad en estos hechos y para el momento el pecado de haber mentido en las primeras audiencias ya había cifrado su destino.

El proceso por el fraude procesar llegó a manos del magistrado Edyder Patiño, quien ratificó la decisión emitida en primera instancia del tribunal capitalino al considerar que el exguerrillero y exparamilitar sí había faltado a la verdad durante la investigación que se adelantaba por el caso de secuestro, tortura y violencia sexual.


Más estrategias
Alegar inocencia en el anterior caso no fue la única estrategia que llevó a cabo Jaimes Mejía para obtener su libertad o conservar los beneficios de la Ley de justicia y Paz.

Hace pocos meses, otro tribunal de Bogotá negó la solicitud que hiciera Jaimes Mejía mediante su abogado defensor, quien impetró una solicitud para recuperar la libertad, al considerar que ya había cumplido el tiempo máximo de prisión dispuesto en la justicia transicional. “Solicitud improcedente”, respondió el magistrado en el acápite de los “Resuelve”.


Una más

Meses más tarde el panadero amasó otra estrategia. Consistió en solicitar la libertad condicional dispuesta en la Ley 1820 de 2016, alegando que por haber pertenecido a las Farc, entre los años 1990 y 1993, podía gozar de los beneficios que se tramitaron en el Congreso de la República en la conocida Ley de Amnistía.   

Pero una vez más el intento fue fallido. La petición la resolvió un magistrado en contra argumentando que dicha ley era solo para aquellos “integrantes de las Farc que jugaron un papel determinante en el conflicto y quienes se suscribieron a un acuerdo de paz con el Gobierno”, proceso del que no hizo parte pues, como ya lo dijimos líneas arriba, su desmovilización ocurrió en el marco del proceso con los paramilitares, y dentro de este proceso nunca apareció el delito de rebelión como parte de las conductas penales imputadas en su contra.

“Los tratamientos penales son solo aplicables a quienes participaron directamente en el grupo armado. No son aplicables para grupos paramilitares ni otros grupos”, señala la decisión con ponencia de la magistrada Uldi Teresa Jiménez.

En otras palabras, la libertad condicional solo aplica para integrantes de las Farc y a quienes han sido juzgados y condenados por su participación en ese grupo guerrillero.

Pagará amplia condena

Y la cosa para El Panadero pinta peor. Tal y como lo ha publicado EL FRENTE de manera insistente, Mario Jaimes Mejía se encuentra en curso en otro proceso penal por haberle mentido a la justicia.

Lo lleva la Unidad de Falsos de la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la Fiscalía Tercera, unidad investigativa que le imputó en el Palacio de justicia de Bucaramanga los delitos de Fraude procesal y falso testimonio, al darle pretensiones de validez a los señalamientos de la defensa del exparlamentario liberal y santandereano José Aristides Andrade quien fue señalado al lado de David Ravelo de fungir como determinadores del asesinado del secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja, David Núñez Cala, cuyo homicidio fue cometido por Mario Jaimes Mejía, quien obró como tirador, en compañía de otro sujeto, ambos pertenecientes al Frente 24 de las Farc, hecho ocurrido el 5 de abril de 1991.    

Y Aunque tiene vigente una condena de 28 años de prisión, podría pagar hasta 40 por las masacres en las que participó en Barrancabermeja, aclarando que la justicia penal ordinaria solo impone la pena por el delito o conducta penal más alta, en este caso, los referentes a homicidios, desapariciones forzadas o masacres. 

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Justicia / EL FRENTE



Publicacion: Viernes 11 de Agosto de 2017 
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