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“A mi esposo lo arrastraron atado a un caballo y después lo mataron”



“A mi esposo lo arrastraron atado a un caballo y después lo mataron” | EL FRENTE Este viernes en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, las víctimas de falsos positivos realizaron una vez más un plantón, en el que pidieron justicia por los crímenes que el Estado cometió con sus seres queridos, y que aún no han sido esclarecidos o incluso, no saben dónde reposan los restos de sus seres queridos.

Por: SLEYDER CASTILLA MONTESINO / EL FRENTE

En el departamento santandereano un informe de la página web Verdad Abierta (proyecto de investigación periodística en memoria del conflicto armado) ha registrado 128 casos de falsos positivos, entre los años 2000 y 2010.

A pesar de la baja incidencia de grupos guerrilleros en el departamento, habitantes de municipios como Piedecuesta, Girón, Floridablanca, Rionegro, El Playón, Barrancabermeja, Cimitarra, entre otros, fueron engañados por el Ejército y terceras personas para lograr sus objetivos, ya sea por ascensos militares o propiedades en el área rural.

Vereda Palogordo, Girón

El señor Miguel Ángel Sánchez Ariza relató a EL FRENTE conmovido y con las fotos de sus seres queridos en las manos, como fueron los momentos en los que vio morir a sus dos hijos a manos de paramilitares con ayuda del grupo policial F2 y unos particulares, el 21 de marzo de 2011.

A diferencia de otros casos de falsos positivos, esta ejecución se dio por órdenes de terceros (afincados) con ayuda del F2 y paramilitares, así lo confirmó Sánchez Ariza.

“A nosotros nos avisaron que habían quemado la finca, entonces fui con mis tres hijos y un vecino de la vereda… una vez hicimos presencia allá, observé un ‘cambuche’ en mi propiedad y nos recibieron con disparos, y huimos de ahí”.

Miguel Ángel en esa misma mañana denunció el hecho a la Policía en Girón, quienes hicieron caso omiso y nunca llegaron, pero algunos miembros del F2 si lo hicieron.

“Se bajaron unos hombres de una camioneta manifestando que eran policías, pero cuando nos quitaron las pertenencias, los celulares y los revólveres que teníamos legalmente, nos dimos cuenta que eran paramilitares con miembros del F2”.

Cuando despojaron a estos 5 ciudadanos de sus objetos, los tres hijos de Sánchez Ariza fueron atacados a disparos, al ser considerados una amenaza.

Uno de ellos quedó herido y logró salvarse, pero Luis Eduardo Sánchez Quitián (comerciante) y Jesús Antonio Sánchez Quitián (ornamentador) murieron en el lugar.
Una vez ejecutado los homicidios, Miguel Ángel iba a ser llevado con su vecino hacia un barranco de la finca, donde cree él, que terminarían el asesinato.

“Cuando íbamos caminando me les ‘emberraqué’, y les dije que me mataran de una vez, en eso intervino un hombre que supuestamente era del F2, pero realmente fue el hijo del finquero que dio la orden de invadirnos y dispararnos”.

Sánchez Ariza ahora exige justicia, ya que no hay ningún condenado por estos hechos, sin embargo, cree que es un crimen de Estado porque la Policía llegó en horas de la tarde, 5 horas después del asesinato y desapareció las vainillas y muestras del vil acto.

“Habían más de 50 vainillas y ellos la desaparecieron… pero lo que más me indigna es que el finquero que dio la orden continúa disfrutando de tierras robadas y otro involucrado está haciendo carrera para la alcaldía de Málaga”, concluyó la víctima.

Torturado y asesinado

Otro aberrante hecho que se conoció en el acto público de las víctimas, fue el de Alvinia Arias Gómez, quien exigió al Estado que se haga justicia en el caso de su esposo, y que no ha sabido la verdad del porqué lo mataron y porqué aún no le han dado los restos.

La mujer manifestó que el 21 de noviembre de 2002, su esposo Javier Alberto González Solano, líder campesino, viajaba hacia el municipio de Tibú (Norte de Santander) pero en el corregimiento de Campo Dos, fue detenido por el Ejército.

“Él una vez fue requerido por los soldados, estuvo más de una hora hablando con ellos porque hay un testigo de eso… y cuando se iba a ir, uno de ellos dijo que no dejaran ir a ese perro”.

Arias Gómez relató que los soldados del Ejército habrían golpeado a su esposo y amarrado a un caballo, que lo arrastró por la vía estando vivo.

“Campesinos de la zona dan fe de que torturaron a Javier de esa forma, una vez el caballo arrastró su cuerpo toda la noche, fue montado en un camión que recogía madera y lo llevaron hasta un punto militar en otra vereda, donde fue asesinado”.

Lo que más le impactó a Alvinia, fue ver el nombre de su esposo días después en un artículo de prensa donde decía: “Ejército dio de baja a tres guerrilleros en zona rural de Tibú”, y aparecía el nombre de su ser querido.

Lo cierto fue que a ella nunca la notificaron de la muerte de su esposo, y mucho menos le entregaron el cuerpo.

“Años después la Fiscalía me informó que a través de una prueba de dactiloscopia reconocieron que los restos de mi esposo están en una fosa común, del cementerio de Tibú”.

El Ejército dejó sin padre a cinco hijos, tres hombres y dos mujeres, quienes ya mayores de edad, acompañan cada año a su madre en un plantón para exigir al Estado que autoricen a través de un fallo judicial, la entrega de los restos que yacen en ese cementerio.

La emotiva jornada fue organizada por el equipo Jurídico Pueblos, quienes registran los casos de crímenes del Estado del departamento de Santander, centro y sur del Cesar, sur de Bolívar, Magdalena Medio, Norte de Santander y algunos municipios del nororiente colombiano.

Publicacion: Sabado 17 de Agosto de 2019 
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