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Tribuna Politica por Rafael Serrano Prada | OPINION | EL FRENTE
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Opinión - Editorial


La impunidad total es el precio de la entrega del poder a las FARC



Jamás en la historia, ni siquiera en el armisticio para poner fin a la Guerra Civil de los Mil Días, que había comenzado en el departamento de Santander y que culminó finalmente con el triunfo de las instituciones en la Batalla de Palonegro, se entregó tanto para contener el río de sangre que han generado los diferentes conflictos internos que ha padecido la República de Colombia.

No jamás escuchar que la Mesa de Unidad Nacional, compuesta por parlamentarios adictos al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ha determinado impunidad total para todos los jefes de este grupo subversivo, convirtiendo en ciudadanos de bien a los más avezados criminales del país, produce sarpullido y estupor, entre quienes fuimos formados en valores morales, que hasta la víspera no habían sido remplazados.

Asesinos que utilizaron la mayor crueldad para torturar a sus víctimas; que mataron personas indefensas y sometieron a tratos crueles a los policías y soldados retenidos en las tomas de pueblos; que inundaron de sangre inocente los campos de Colombia; que sometieron por las armas a las hijas de las familias campesinas, sometidas a depravaciones y oprobios, deja en la conciencia del colectivo ciudadano la impresión de que para alcanzar un nuevo estatus social en Colombia hay que ser un delincuente redomado.

Un parlamento acorralado y amenazado por el temor de que la guerra de guerrillas se tome las ciudades, como si creyeran que el fermento criminal va a desaparecer con la entrega de beneficio económicos a cinco mil delincuentes que otrora imponían la ley del terror en diferentes regiones de la patria. Una nación impávida ante el tratamiento privilegiado que el Congreso de la República, por iniciativa de este gobierno, les concede a los terroristas, es algo que genera efectos terribles en la mente humana, donde los valores de la fe cristiana han sido pisoteados por los crueles enemigos de la patria y de la institucionalidad, que ahora, a partir de las elecciones del 11 de marzo del año entrante, tendrán curules permanentes por doce años en el hemiciclo del Capitolio Nacional de Colombia.

¡Qué horror! Dirán las aristocráticas mujeres bogotanas, cuando observan que por sus calles transitan ahora, libres de toda preocupación, en carros blindados, protegidos por escoltas de la Agencia Nacional de Protección, unos criminales que provocaron atentados, secuestros, ‘pescas milagrosas’, desplazamientos de familias campesinas hacia las zonas de tugurios de las grandes ciudades. La inversión de los valores. Mientras un campesino se roba una gallina y oculta las plumas que son el cuerpo del delito, es castigado con toda severidad, estos terroristas tienen derecho desde hace varios meses a recibir un sueldo permanente del estado colombiano.

La ortodoxia religiosa que aprendimos en los hogares de familia y en las escuelas públicas se resiste a reconocer las bondades de un proceso de paz, donde ser delincuente y haber actuado con sevicia, se convierte en una razón de reconocimiento para quienes lideraron grupos armados ilegales, dedicados igualmente al narcotráfico, a la concentración de grandes capitales en los paraísos fiscales del mundo. Es posible que entre los desmovilizados de las FARC haya idealistas, que los hay y que los hubo, porque fueron formados en la teoría marxista –leninista que llenó de víctimas los cementerios de la antigua Unión Soviética.

La industria del crimen recibe reconocimiento del gobierno y de las mayorías parlamentarias, mientras el país observa, atónito, como se hizo flecos la constitución política de 1991, en la aventura de convertir a los terroristas en señores y a los ciudadanos de bien en delincuentes, con el agravante de que la llamada “Justicia Especial para la Paz” ha sido creada para limpiar las hojas de vida de los nuevos “padres de la patria”.  
 

Publicacion: Martes 10 de Octubre de 2017 
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