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Opinión - Editorial


El país inundado con cultivos de coca



El presidente de la república Juan Manuel Santos Calderón ha aceptado que se equivocó al concederle a las guerrillas de las FARC un margen de tolerancia frente a la proliferación de los cultivos de coca en el sur del país y en otras regiones del territorio nacional, donde la producción de estupefacientes ha provocado una reacción mundial.

Es tan grave la situación, para las relaciones con la comunidad internacional, que el propio presidente de los Estados Unidos, Donald John Trump, ha llamado la atención del Congreso Norteamericano para que se revise el comportamiento de Colombia, que recibe ayuda norteamericana representada en aviones, helicópteros y otros insumos utilizados en la lucha contra el narcotráfico.

Aunque los ingresos provenientes del contrabando de estupefacientes, que traspasan las fronteras de los países consumidores, se vienen monetizando a través de operaciones de comercio exterior, con la importación de bienes de capital, estamos nuevamente registrando una situación impresionante de lavado de dólares y de multiplicación de las bandas emergentes, como en la época en que los narcotraficantes le propusieron al gobierno del expresidente Betancur  pagar la deuda externa a cambio de que los dejaran invertir sus capitales mal habidos en territorio colombiano.
    
Los métodos represivos han fracasado frente a la proliferación de los cultivos de coca, que se han extendido por todo el territorio colombiano, pero especialmente por la zona fronteriza con el Ecuador, por el territorio del Amazonas, Nariño, Cauca y Vaupés, por la frontera colombo-venezolana, especialmente en la región del Catatumbo y por las selvas del Chocó, donde se viene descuajando el bosque tropical para la siembra de coca.
 
Para nadie es un secreto que una de las fortalezas de la economía colombiana es el lavado de dólares, proveniente de las zonas cocaleras, donde las nuevas mafias del narcotráfico y del microtráfico han creado un régimen de terror, como en que mantiene alias “Guacho” en la sufrida zona fronteriza del Ecuador, donde hace varias semanas fueron secuestrados y asesinados unos periodistas del diario El Comercio, de Quito, su capital.

El fenómeno del microtráfico ha llegado a las puertas de los colegios y universidades de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, donde la venta de la dosis mínima se ha convertido en un problema para las autoridades de policía, porque la legislación penal se convirtió en cómplice de los microtraficantes, que están corrompiendo a la juventud estudiosa de las diferentes regiones de Colombia.

Hace varios años, cuando empezaron a funcionar los carteles de la mafia en Medellín y Cali, se creía que el problema del consumo de alucinógenos jamás llegaría a Colombia. Ahora somos también un país consumidor, que está destruyendo la esperanza, maltratando las neuronas de los jóvenes que se convierten en esclavos del vicio. 

En Bucaramanga, quien lo creyera, se ha multiplicado el consumo de alcaloides de manera escandalosa. Se percibe en los parques de la ciudad, especialmente en horas de la noche, en sectores donde proliferan además prostitutas y vagos habituales, carteristas y atracadores, que atropellan a los transeúntes para obtener el dinero que necesitan para alimentar el vicio.

Cuando el presidente Santos acepta su responsabilidad en la política de tolerancia que pactó su delegación en las negociaciones de paz de La Habana, es porque estamos inundados hasta la coronilla, por los cultivos ilícitos, que han debido prohibirse y erradicarse, utilizando el antiguo procedimiento de la fumigación con glifosato. La debilidad y tolerancia del gobierno nacional tiene al país en ascuas.

Por: Rafael Serrano Prada.
Director/EL FRENTE. 


Publicacion: Miercoles 16 de Mayo de 2018 
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