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Opinión - Editorial


Impunidad en el exterminio de líderes sociales



Con el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc llegó la ilusión de que el derramamiento de sangre cesaría en el país y que los actores armados y las bandas criminales cesarían de asesinar inocentes, pero esto no para y crece el número de líderes sociales asesinados.

A ese accionar criminal se le suma la impunidad que reina en cada una de esas muertes. Se genera la noticia, se hacen los reclamos y los rechazos de todos los estamentos del país, pero luego de unos días se olvidan del muerto y pasan a reemplazarlo con la noticia de otro asesinato, con circunstancias y detalles similares.

Las estadísticas señalan que luego de un año de esa firma histórica, más de 220 líderes han sido asesinados en diferentes partes del país y, lo que es más triste, han caído bajo las balas asesinas en territorios en sonde antes no se habían manifestado signos de violencia.

El incremento en los homicidios obedece a diferentes aspectos que tienen que ver con reclamaciones de tierras, por denuncias de narcotráfico, por invasión de territorios para realizar explotación de minería ilegal o cultivos ilícitos.

Queda en el tapete que el Estado es incapaz de brindarles protección a todas esas personas que son amenazadas y que las acciones que se realizan para tratar de evitar más muertes, son sólo placebos sin fondo ni oficio porque en este país nos acostumbramos a los muertos que desde una esquina tachan de malos y desde la otra los defienden como buenos, sin que nunca se investigue su muerte ni se castigue a los culpables.

La inoperante justicia colombiana es cómplice indirecta de que esto quede impune porque al no emplear todas sus armas, dispositivos electrónicos y capacidad de investigar para capturar y enjuiciar a los asesinos, envía el mensaje de que nada pasa y nadie hace nada.

La Fiscalía tiene las herramientas suficientes para resolver cualesquiera crímenes en 24 horas. Pero la ineficiencia, la falta de prontitud, la negligencia y la carencia de voluntad, hacen que se alarguen los tiempos y los muertos se olviden.

En Colombia hay unas fuerzas oscuras que se han enquistado en todas las esferas sociales. La inteligencia policial saben quiénes son, pero no se actúa porque la paquidérmica justicia tiene todos los defectos habidos y por haber y está claro que no sólo es ineficiente, sino selectiva.

Es una vergüenza el que los líderes sociales sean masacrados y que el país no tenga reacción para investigar y frenar este inútil derramamiento de sangre.

Es una vergüenza que más de 220 líderes hayan caído víctimas de las balas asesinas y que hayan sido ultimados por  “líos de faldas” según la brillante conclusión de Néstor Humberto Martínez, Fiscal General, que se quedó con esa referencia y no investigó cuales faldas fueron las que determinaron el crimen.

Una lección de inutilidad de una Fiscalía que no tiene empachos para salir a desvirtuar las muertes de los líderes y de bajar el polvero con investigaciones inconclusas o concluidas a las carreras porque el país necesita respuestas, pero el Fiscal las saca de la manga para hacerle creer al país que está sobre las pistas.

En Colombia hay épocas y criminales a los cuales se les achaca todo lo malo que sucede, antes fue a Pablo Escobar, luego a las Farc, luego a los paramilitares, luego al cartel del Valle, luego a los Urabeños, hoy clan del Golfo, y ahora al ELN.

“Fue el ELN” dicen sin ninguna convicción. Si hay seguridad sobre esa afirmación, entonces ¿dónde están las acciones para capturar y enjuiciar a los culpables? Crímenes sin solución, sin culpables y sin investigaciones certeras que lleven a capturar y enjuiciar a los autores materiales y a los intelectuales.

Impunidad total en un país que se acostumbró a la sangre y en dónde cada muerto pasa a ser una estadística que se pierde en la inoperancia de quienes deben investigar y administrar justicia.  

Enrique Narváez Benítez.
Jefe de Redacción/EL FRENTE.
Publicacion: Miercoles 4 de Julio de 2018 
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