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Opinión - Editorial


Más que leyes y decretos, se necesitan acciones contundentes



Colombia es el país del planeta en donde existen leyes, normas y decretos por cantidades estratosféricas y, en este mismo país, la inmensa mayoría de esos contenidos se han quedado en letra muerta.

Este martes el presidente Juan Manuel Santos, tras reunirse con líderes sociales, reveló ocho medidas extraordinarias y prioritarias que se adecuarán para proteger a estas personas que son amenazadas y sometidas a un exterminio sistemático ante la indolencia de un Estado que no tiene medidas de choque para evitar este inútil e impune derramamiento de sangre.

Se cambiará la protección individual por una grupal en 10 planes de seguridad colectiva para los líderes sociales en Corinto, Cáceres, Bagre, Buenaventura, Quibdó y Tame.

Se diseñó un plan urgente de intervención liderado por el Ministerio de Defensa, el cual tendrá una fase inicial de 30 días para zonas como Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.

También, señaló el presidente, que el Ministerio de Defensa pondrá en marcha Unidades Básicas de Protección (UBP), dependientes de las seccionales de Policía de las regiones priorizadas, para desarrollar los esquemas colectivos de protección.

Y la cereza sobre el pastel se la pusieron a la Unidad Nacional de Protección, UNP, a la que este mismo martes le giraron 50.000 millones de pesos para que cuenten con más recursos para los estudios de riesgo colectivo, más presupuesto para ampliar esquemas individuales de seguridad y la implementación de la ruta colectiva de riesgo.

Hasta aquí todo perfecto. Pero es que una cosas es lo que aguanta el papel y otra lo que en realidad se realiza en el terreno de trabajo. A los líderes los exterminan hasta por sospecha y lo primero que dice la Fiscalía es que no tenían amenazas o que no habían denunciado.

Han sido asesinados 311 líderes sociales en lo corrido de 2018 y hasta la fecha no hay una sola captura, no hay una investigación concluyente y certera sobre ninguno de esos asesinatos.

La espectacular conclusión del Fiscal, Néstor Humberto Martínez, sobre el asesinato de un líder en Antioquia fue que “estaba en zona de narcotráfico” creemos que alguien no hace bien su trabajo para esclarecer estos asesinatos o que se favorece, por acción u omisión, a esas fuerzas oscuras que se niegan a acabar con el inútil derramamiento de sangre en este país.

Colombia no necesita de más normas, decretos ni leyes que pasan a ser letra muerta. Se necesitan acciones contundentes. Resultados efectivos. Asesinos condenados luego de probarse su participación en los crímenes. Tanto los intelectuales como los materiales.

Un viejo adagio reza que el camino al cielo está plagado de buenas intenciones, pero no en el caso de Colombia, porque el Presidente y sus Ministros podrán actuar con todas las ganas de cambiar ese rostro de violencia por territorios en una paz verdadera, pero esas intenciones se estrellan contra la falta de compromiso, acción, dedicación, y contundencia de quienes se tienen que encargar de investigar, capturar y llevar ante la justicia a los culpables y que esa justicia se aplique con el rigor que merecen estos criminales, no con esa justicia a la colombiana, que queden libres porque hubo errores en la captura o presos, pero en sus mansiones para evitarles el estrés.

La efectividad y velocidad en las investigaciones y castigos ejemplares, con todo el peso de la Ley, deben ser prioridades en un momento en el cual el país debe salir se estancamiento histórico y mental que no nos ha permitido sabernos iguales dentro de nuestras diferencias.

Enrique Narváez Benítez.
Jefe de Redacción/EL FRENTE.

Publicacion: Martes 10 de Julio de 2018 
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