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El presidente Iván Duque respetará Acuerdos de Paz



El presidente Iván Duque respetará Acuerdos de Paz | EL FRENTE
Muchas voces altisonantes se han levantado en el país, para expresar dudas e incertidumbres acerca del tratamiento que dará el nuevo gobierno nacional a los destinatarios de la política de paz, trazada y acordada por el gobierno anterior, y aunque somos escépticos de los compromisos económicos adquiridos por la pasada administración, debemos aceptar que existe un pacto de honor, para defender la integridad de los acuerdos y los nuevos derechos adquiridos por las partes en la Mesa de Negociaciones de La Habana.  

El gobierno del presidente Iván Duque Márquez y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, honrará su palabra.  Otra cosa es que a todos los colombianos les asista el derecho de reclamar la revisión de algunos puntos, que privilegiaron con creces a quienes convirtieron el país en un inmenso cementerio, mientras las víctimas del conflicto armado se quedaron esperando las respectivas indemnizaciones, que también fueron pactadas por la administración del ex presidente Juan Manuel Santos y que se han convertido en una especie de letra muerta, para los magistrados de la Justicia Especial para la Paz.

El tema de mayor preocupación gira en torno a la financiación del proceso de paz, que tendrá una duración de veinte años y que garantizará para todos los ex combatientes un salario mensual que les pagará el estado colombiano, que es como financiar instituciones paralelas, una nueva rama judicial y un nuevo ejército de desocupados, que van a derivar ingresos de la nómina oficial, además de los compromisos adquiridos con los habitantes de las antiguas ‘zonas rojas’ del país, donde antes operaban los grupos guerrilleros desmovilizados.

La preocupación del presidente Iván Duque y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez gira alrededor de la financiación del proceso de paz, cuando las rentas nacionales son insuficientes para sostener la seguridad nacional, el ejército, la policía, los jueces y magistrados, la fiscalía, la contraloría general, la defensoría del pueblo, los hospitales, universidades, colegios y escuelas oficiales. Los contribuyentes colombianos estamos desesperados pagando impuestos y sosteniendo la formalidad laboral, con salarios dignos y prestaciones sociales que encarecen el sostenimiento del aparato productivo del país.

La pregunta que se hacen los responsables de las finanzas nacionales gira alrededor de los desembolsos que por la suma de nueve billones de pesos anuales deberán hacerse para sostener toda la parafernalia del proceso de paz y el pago de los compromisos pactados en La Habana. Agotadas las fuentes tributarias para atender estos requerimientos, tendría que entrar el gobierno a vender sus principales activos, como la Empresa Colombiana de Petróleos, las acciones en la banca oficial y otros que han sido las fuentes de recursos más importantes parta el presupuesto nacional.

Otra cosa puede ser la privatización de la educación pública, para atender el proceso de reinserción de la guerrilla, pero sería inaudito que para incorporar a la vida civil numerosos delincuentes beneficiarios del proceso paz, tuviésemos que renunciar al funcionamiento de las universidades públicas y de los colegios oficiales. Entonces, tendrá que venir una enorme devaluación del peso colombiano, para emitir papel moneda, como en Venezuela, hasta agotar las energías financieras de la nación, que se halla en una encrucijada por los altos costos de los compromisos pactados por el expresidente Juan Manuel Santos, cuyo ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dejó las finanzas colapsadas. Como diría un antiguo presentador de la televisión colombiana, José Fernández Gómez: “Pónganse a pensar, pónganse a pensar”.   

Por: Rafael Serrano Prada.
Director/EL FRENTE.
Publicacion: Sabado 29 de Septiembre de 2018 
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