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300.000 universitarios perdieron semestre dizque ‘Defendiendo la educación Pública’



Colombia es un país de sorpresas y paradojas. Sujetos encapuchados, provistos de bombas incendiarias, justificaron su comportamiento agresivo durante las manifestaciones estudiantiles en Bogotá, Bucaramanga, Medelín, Cali, Barranquilla, Popayán y Tunja, afirmando que estaban DEFENDIENDO (¿?) el derecho a la educación universitaria para los hijos de los pobres.

Con el mismo pretexto, agredieron a la fuerza pública, destruyeron a piedra las vitrinas de los establecimientos comerciales, impidieron el ingreso de las fuerzas del orden a las instalaciones universitarias y finalmente, se tiraron el semestre académico.

¡Lo que no cuesta hagámoslo fiesta! Para completar este cuadro de desolación y caos, impidieron que los buenos catedráticos universitarios pudieran cumplir con su delicada misión pedagógica y hasta los amenazaron en su integridad personal, si alguno de ellos se atrevía a quebrantar la orden de la Mesa Directiva del paro nacional de estudiantes universitarios, en el que también participaron los líderes de FECODE y de las centrales obreras.

NO se puede reconstruir un país, después de la vorágine del conflicto armado, creando situaciones de anarquía, como las que impulsan los grupos armados ilegales infiltrados en las marchas universitarias.

El caos y la anarquía les sirven a los grupos violentos para realizar el reclutamiento de ingenuos estudiantes que deben estar engrosando las filas de la subversión y el terrorismo.

¿Qué puede decir un modesto padre de familia, que labra la tierra de sol a sol, que trabaja en el taller de mecánica, soñando con el doctorado de su hijo, si esos mismos muchachos se convierten en fuerzas de choque para enfrentar a las autoridades legítimamente constituidas?

Qué clase de profesionales pueden formarse en los centros universitarios, con enfermos mentales que prefieren la violencia al diálogo civilizado. ¿Cuánto pierde el país, cuando se suspenden las actividades académicas, si se tiene en cuenta que las universidades públicas se sostienen con los impuestos que pagamos los contribuyentes?

La ausencia de una legislación penal para esta clase de comportamientos, llevó al parlamentario santandereano Víctor Manuel Ortiz Joya a presentar un proyecto de ley que ordena sanciones penales contra los revoltosos, contra los tira-piedra, contra los vándalos, contra estudiantes universitarios despistados, que incurren en actos criminales durante las protestas universitarias y que satanizan el diálogo civilizado que propuso el gobierno del presidente Iván Duque. 

El concepto de libertad y democracia en las universidades públicas tiene que revaluarse, permitiendo que las fuerzas militares y de policía puedan ejercer el control de los establecimientos de enseñanza superior.

Habrase visto a los bandidos encapuchados, dictando cátedra de marxismo en las asambleas estudiantiles, tratando de manipular a los jóvenes de familias humildes con el prurito de que ‘la propiedad privada es un robo y hay que combatir a las oligarquías que ejercen el monopolio de la nación’.

¿Qué significado tienen las bombas incendiarias contra los agentes de la policía, que garantizan el paso de los marchantes? La conducta antisocial de supuestos universitarios que adelantan las marchas de protesta para exigir del gobierno mayores recursos para la educación pública, está justificando la privatización de los establecimientos de educación superior.

La suspensión del semestre académico en las universidades oficiales, demuestra el estado de degradación a que ha llegado la democracia en las universidades oficiales de Colombia.

Por: Rafael Serrano Prada.
Director/EL FRENTE.

Publicacion: Jueves 6 de Diciembre de 2018 
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