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Opinión - Editorial


Nuevos impuestos ponen en riesgo el derecho a la propiedad de vivienda



El sorprendente y sorpresivo silencio que ha guardado la administración municipal de Bucaramanga frente a los programas de actualización catastral y aplicación de las máximas tarifas del impuesto predial, que estrangulan el derecho a la propiedad, se convierte en una bomba de tiempo para destruir el tejido social de esta ciudad, donde prevalece la clase media emergente, en su mayoría proveniente de la lejana provincia, que se ha instalado en la capital del departamento, para buscar su mayor bienestar. 

El desorden en la oficina de reclamos de la tesorería municipal de Bucaramanga, estaba generando ayer situaciones de conflicto, entre los contribuyentes y los funcionarios públicos, que se sienten impotentes para soportar la avalancha de los ciudadanos empeñados en revisar las nuevas cargas tributarias que deben pagar por sus viviendas, adquiridas con créditos bancarios, en esta ciudad que puede ser considerada como el mejor vividero de Colombia.

La aparente tranquilidad y sosiego que dejaban las fiestas decembrinas en esta capital, fue interrumpida por la entrega de las liquidaciones del impuesto predial, con avalúos exorbitantes y las tarifas más altas que hayan conocido todos los sectores sociales de la capital de Santander. Se pretende recaudar algo más de trescientos mil millones de pesos del impuesto predial, escamoteando el bolsillo de los agobiados contribuyentes, disque para financiar el mantenimiento de la malla vial, una nueva locura del gobierno del ingeniero Rodolfo Hernández, que se ha vuelto indolente frente a las necesidades de millares de familias residentes en Bucaramanga.

La administración municipal se abstuvo de socializar el programa de los reavalúos catastrales que, por ley de la república, deben realizarse cada cinco años. Modestas viviendas ubicadas en los cinturones de miseria de esta capital fueron gravadas con sumas escandalosas, que representan para las familias pobres el producto de su trabajo honrado durante tres o cuatro meses al año. En la Ciudadela Real de Minas, ubicada sobre terrenos del antiguo aeropuerto Gómez Niño, el reajuste de los avalúos catastrales fue del ciento por ciento, duplicando el valor de los tributos.

¿Qué hacer?, se pregunta la ciudadanía, cuando acude a los medios de comunicación para protestar contra la avalancha de nuevos impuestos. El Concejo de Bucaramanga, como caja de resonancia de los problemas de la ciudadanía, tiene la obligación de abrir el debate sobre este espinoso asunto y el alcalde debe presentar un proyecto de acuerdo que permita reducir los porcentajes de la tributación. Porque lo que se ha hecho es el mayor atropello contra el derecho a la propiedad, y de contera, un enorme daño a la industria de la construcción, que deberá sufrir los efectos de la paralización en sus ventas.

¿Quién compra un apartamento de la Ciudadela Real de Minas, que ha sufrido la sobrecarga tributaria en dos ocasiones, la primera ocurrida hace cuatro años con el gravamen de valorización para financiar las obras de los intercambiadores viales del Mesón de los Búcaros y de la avenida Quebrada Seca, y que cuatro años después debe pagar el doble del valor de los impuestos cancelados el año pasado, cuando ya se había terminado de recaudar el gravamen de valorización?

De la noche a la mañana los propietarios de inmuebles en Bucaramanga se convirtieron en personas millonarias, por una simple resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con la complacencia del alcalde Rodolfo Hernández Suárez, que ha puesto en peligro el desarrollo de la industria de la construcción en esta capital. ¡Un gobierno municipal que ha convertido la ciudad de Bucaramanga en un manicomio!     
     
 
Publicacion: Jueves 10 de Enero de 2019 
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