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Absurda ley de garantías electorales paralizará la contratación directa



Cuando estuvo vigente la reelección presidencial, que les permitió a los exmandatarios Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos permanecer por ocho años en la primera magistratura de la nación, existía una ley de la república que prohibía la contratación directa de las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal.

Esa ley de garantías electorales, que paralizará el país a partir del próximo 27 de abril, ha debido derogarse porque desaparecieron las razones que dieron origen a su promulgación.

Pero el Congreso de la República, enredado en otros menesteres legislativos, ha dejado pasar el tiempo para derogarla, creando enormes dificultades a los gobernadores y alcaldes, para continuar ejecutando su respectivo programa de gobierno.

Entre el 27 de abril y el 27 de octubre próximos quedará suspendida y prohibida la contratación directa para la adquisición de bienes y servicios. Esas medidas restrictivas del ejercicio gubernamental tienen efectos negativos en el funcionamiento de las entidades públicas.

Mantener esta absurda legislación entorpece los programas de gobierno de las entidades regionales, con efectos negativos en los próximos meses. Los gobernadores y alcaldes quedan supeditados a la ejecución de las doceavas partes de los presupuestos aprobados por las asambleas departamentales y los concejos municipales, con una fuerte talanquera para atender circunstancias sobrevinientes en el último tramo de su período constitucional.

Aún es tiempo de poner fin a esa absurda legislación, si el gobierno toma la iniciativa de proponer su derogatoria. Los parlamentarios de ahora son menos estudiosos que aquellos que en el pasado proponían y realizaban los grandes debates de control político.

Siguen esperando la oportunidad de conseguir cuotas de poder que el presidente Iván Duque Márquez les ha negado desde el día de su posesión. Este gobierno nacional ha tomado distancia del organismo legislativo del poder público, para contribuir a la separación de poderes y fortalecer el debate democrático.

A los gobernadores y alcaldes les quedan dos meses para cumplir con los programas de inversión, para contratar las obras públicas que deban ejecutarse en el último tramo de sus respectivas administraciones. La legislación electoral dice que, durante los seis meses anteriores a las elecciones regionales, quedan suspendidas las compras directas, la contratación de personal y quedará prohibido la remoción de los empleados de libre nombramiento.

La reelección presidencial desapareció mediante reforma constitucional aprobada durante la segunda administración del ex presidente Juan Manuel Santos, para cerrarle el paso a una tercera reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Era evidente que una norma de tal naturaleza, podía abrir las canteras del presupuesto nacional y regional para comprar la conciencia de los ciudadanos.

Pero las circunstancias han cambiado y el órgano legislativo del orden nacional ha dejado pasar el tiempo para derogar semejantes talanqueras jurídicas, que entorpecen el desempeño de alcaldes y gobernadores en la última etapa de su periodo constitucional.

Los actuales mandatarios regionales y municipales quedarán maniatados para ejecutar planes de inversión a partir del 27 de abril de este año, una fecha muy cercana, con un régimen legal muy apretado para cumplir los compromisos adquiridos con sus respectivas comunidades.

Ojala la representación parlamentaria de Santander, que tiene personas diligentes, muy trabajadoras y aplicadas al trabajo legislativo, levanten esa legislación preventiva, que le sigue haciendo mucho daño a los municipios y departamentos.             
  
Rafael Serrano Prada.
Director/EL FRENTE.
 
Publicacion: Domingo 10 de Febrero de 2019 
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