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Política, entre el tire y afloje de la inhabilidad y la incompatibilidad



No es cierto que los políticos, en todos los rincones del mundo, al  ocupar los cargos públicos regionales o que son nombrados Ministros o Gerentes de los entes descentralizados en el país y en las regiones, terminen su trabajo al asumir sus funciones.

Ellos siguen en campaña siempre. No paran. No descansan. Están pendientes de la dinámica política del país para ver como acomodan sus fichas en las regiones, los departamentos y los cargos nacionales, ya sean de dirección o de ejecución, que son dos cosa muy distintas.

Las campañas para las elecciones regionales iniciaron el 26 de octubre de 2015 y las presidenciales el 18 de junio, luego de la segunda vuelta. Están en pleno furor, tanto que el canciller Carlos Holmes Trujillo ya se declaró en campaña y recibió el guiño de Álvaro Uribe Vélez.
 
Esa agitación electoral ha dejado al descubierto que las llamadas inhabilidades y las incompatibilidades existen sólo en el papel, más no en la práctica, porque los políticos son tan hábiles para saltar por encima de las leyes, que se aseguran de que sus partidarios, y aún más, sus adversarios, se traguen los cuentos forzados con los que justifican su participación e intromisión en política.

Un ejemplo claro del estar en plena campaña desde el 25 de octubre de 2015 es el del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, quien no ha disimulado, nunca, que en cada una de sus intervenciones entrega respaldos, anuncia métodos, sugiere trabajos y designa tareas para poder tener candidatos para el próximo 27 de octubre, y a eso le llama, de manera oronda, pedagogía electoral.

Colombia vive una agitación electoral por la próxima jornada de votaciones en octubre y aquí es de mucha importancia el establecer la claridad sobre la diferencia entre la inhabilidad y la incompatibilidad.

La primera es un impedimento para el ejercicio de un empleo u oficio y la segunda se refiere al impedimento o tacha legal para ejercer una función determinada, o para ejercer dos o más cargos a la vez.

Desde sus cargos, todos los políticos, sin vergüenza alguna, participan en política y se conviertan en jefes de debate de los aspirantes que respaldan y que avalan desde sus posiciones, aunque siempre pretextan que son decisiones de los partidos que representan.

Qué interesante sería, para beneficio de la democracia, que estos preceptos se aplicaran en la debida forma y con el rigor que amerita, por los funcionarios y por quienes aspiren al ejercicio público o a obtener el favor popular. Pero eso es imposible.

Las sanciones por participación en política han sido mínimas y sólo se han aplicado a aquellos funcionarios que no cuentan con el poder letal de un poderoso cacique político que, con su bastón de mando, ahuyente todas las dudas que pesen sobre sus apadrinados.

Ante esto, debe hacerse una reforma al Sistema Electoral Colombiano. Deben existir organismos independientes para garantizar su transparencia y ser ajenos a las organizaciones políticas en la postulación y elección de los integrantes de dicho organismo de vigilancia y control como es el caso del Consejo Nacional Electoral, CNE, que está conformado por representantes de los partidos políticos, es decir, se constituyen en juez y parte.

Si se aplicara con severidad el régimen disciplinario, que en Colombia es letra muerta, el canciller no lanzaría su campaña antes de dejar su cargo, la política no estaría entre el tire y afloje de qué es inhabilidad o incompatibilidad y la pedagogía electoral se haría con los electores y no con los candidatos a las corporaciones públicas. 

Enrique Narváez Benítez.
Jefe de Redacción/EL FRENTE.

Publicacion: Sabado 16 de Febrero de 2019 
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