Opinión - Editorial
Narcotraficantes responsables del asesinato de líderes sociales
Las cifras sobre la producción y consumo de estupefacientes
en Colombia han estremecido al mundo.
El informe de la Organización de
Naciones Unidas señala que existen doscientas cuarenta mil hectáreas de cultivos ilícitos y que la
exportación de cocaína en los últimos dos años ha copado el setenta por ciento del mercado
internacional de alucinógenos.
También advierten que millones de
personas en el mundo mueren a consecuencia de las sobredosis en el consumo de alcaloides que están
destruyendo la vida de la humanidad.
Mientras los partidos
políticos afines a la filosofía de las guerrillas de las FARC abogan por la legalización de los
cultivos de coca, que producen inmensas ganancias a los grupos de narcotraficantes en Colombia y el
mundo, el ex presidente Juan Manuel Santos anda recorriendo el mundo en una gestión diplomática,
para cambiarle la mentalidad a los gobiernos europeos respecto del tratamiento social, sereno y
tolerante que requiere este fenómeno.
Esta semana el señor
expresidente Santos concedió declaraciones en Lisboa (Portugal) afirmando que la guerra contra el
narcotráfico estás ocasionando muchas muertes trágicas a cargo de las bandas de narcotraficantes y
que la prohibición ha multiplicado las exportaciones clandestinas del alcaloide, para concluir que
el negocio hay que legalizarlo. Santos se coloca a tono con el pensamiento del Premio Nobel de
Economía de los Estados Unidos, el señor Milton Friedman, que hace treinta años propuso la libertad
de comercio para esta clase de alucinógenos.
El mundo ha reaccionado contra
las declaraciones del ex presidente colombiano y desde las redes sociales se han multiplicado las
críticas al doctor Juan Manuel Santos que, durante su gobierno, fue excesivamente tolerante con las
guerrillas de las FARC, a tal punto, que se dieron órdenes a la fuerza pública para suprimir la
erradicación manual de los cultivos ilícitos, como parte de los compromisos adquiridos con las
guerrillas de las FARC en las negociaciones de paz.
El nuevo
gobierno de Colombia, encabezado por el doctor Iván Duque Márquez y la vicepresidenta Marta Lucía
Ramírez, pretende revivir los programas de fumigación y aspersión con glifosato, con operativos que
espantan a los líderes de los movimientos políticos de izquierda, afines con el pensamiento de las
disidencias de las FARC.
Su posición ha chocado con grupos
ambientalistas que se sienten depositarios de la verdad revelada, cuando en el fondo le están
haciendo el juego a las bandas de narcotraficantes que se lucran de los dineros provenientes del
envío de cocaína a diferentes países del mundo.
Ha sido muy difícil
para el presidente Iván Duque librar la batalla de la fumigación con glifosato, el único herbicida
al que le temen los habitantes de las zonas cocaleras, que abandonaron la producción agraria, para
embarcarse en la aventura de multiplicar las inmensas fortunas que los narcotraficantes colombianos
tienen en los paraísos fiscales del mundo.
La cadena de la ilicitud
comienza en escenarios parlamentarios, donde hay congresistas que colocan de pantalla el pretexto de
la defensa del ecosistema, para favorecer la producción de cocaína y heroína, que están causando
enorme daño a millones de consumidores.
La propuesta del expresidente
Santos sobre legalización del narcotráfico ha generado enormes reacciones y hasta han dicho que en
el proceso de paz firmado con las FARC se le dio patente de corso a la legalización de inmensas
fortunas que poseen los grandes capos de la mafia, cuyos capitales se monetizan y se convierten en
dinero circulante para la industria de la construcción, para las importaciones de maquinaria y
equipos, para el lavado de activos, que fortalece las finanzas de las mafias, pero que causa enorme
daño a la imagen de Colombia ante el mundo.
Rafael Serrano
Prada.
Director/EL FRENTE.
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