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Situación carcelaria insostenible Por: Wilson Ruiz Orejuela



Situación carcelaria insostenible Por: Wilson Ruiz Orejuela     | EL FRENTE En varias ocasiones he dicho que para solucionar la crítica situación carcelaria se deben contemplar medidas alternativas a la detención intramural para contrarrestar la delincuencia en el país, sin embargo, superar décadas de la problemática en los centros de reclusión no es una tarea sencilla.
Lograr ese equilibrio entre seguridad ciudadana, sacando de las calles a quienes delinquen, resocialización y que los internos no vivan en condiciones inhumanas por el hacinamiento de las cárceles, es una labor titánica que requiere de una política criminal definida, con el concurso decidido de toda la institucionalidad y la destinación de grandes recursos para la construcción de nuevas cárceles y adecuación de las existentes.
Son muchos los problemas que afrontan las cárceles: sistema de salud deficiente, no hay programas efectivos de resocialización, internos con problemas mentales, delincuencia en los penales y el hacinamiento, que se constituye en el gran foco originador de varios males. El hacinamiento hoy está por el orden del 50 por ciento, teniendo en cuenta que en los 136 establecimientos carcelarios del país hay capacidad para 78.690 internos y tienen una población de 118.055 detenidos.
No se puede desconocer la intranquilidad de los ciudadanos por la laxitud de algunas normas que buscan descongestionar los centros penitenciarios otorgando beneficios extra murales. Esa preocupación se fundamenta en varios hechos como la muerte el pasado 10 de abril de Claudia Johana Rodríguez en el Centro Comercial Santafé a manos de su expareja, Julio Alberto Reyes, quien después de haber sido condenado por el delito de homicidio gozaba de beneficios extramurales otorgados por un juez de Medellín; o la muerte de un empleado de Transmilenio en Bogotá, Leonardo Licht Hoyos, ocurrido en enero de este año, cuando fue asesinado por un hombre a quien cinco días atrás le habían otorgado la libertad condicional luego de estar purgando una pena por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado.
La preocupación aumenta con el trámite de los proyectos de ley que buscan otorgar beneficios carcelarios con motivo de la visita del papa Francisco a Colombia en el mes de septiembre próximo. Se estima que podrían ser cobijados unos 40 mil internos con estos favorecimientos.
Actualmente hay 54.375 beneficiados con detención y prisión domiciliaria y 4.705 que están siendo vigilados con dispositivos electrónicos, esas medidas son necesarias y están estipuladas por ley, sin embargo hay denuncias claras en el sentido de que no todos los que gozan de estas prerrogativas cumplen los requisitos para ser amparados por ellas y muchos siguen delinquiendo al amparo de beneficios que no merecen.
De otro lado hay que contemplar los gastos que demandan los detenidos en los centros penitenciarios. Por cada preso el Estado debe disponer de más de un millón cien mil pesos al mes, lo que constituye un egreso importante en el presupuesto anual.
Frente a este panorama de incertidumbre y preocupación por lo que pueda ocurrir con la población carcelaria, el Estado colombiano está en mora de ocuparse seriamente del tema. No se puede seguir pasando la página cuando se habla de la crisis en los penales, se requieren acciones urgentes porque cada día la situación se torna más insostenible. Hay que evitar llegar a entornos como los sufridos en cárceles de Brasil, donde son comunes los homicidios en el interior de las reclusiones e incluso se han documentado numerosos casos de decapitaciones y otros hechos aberrantes sin que las autoridades puedan ejercer algún control. @WilsonRuizO




Publicacion: Jueves 20 de Abril de 2017 
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