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Comité de derechos humanos. Profesores UIS participaron en junta permanente ARPUP



Comité de derechos humanos. Profesores UIS participaron en junta permanente ARPUP | EL FRENTE El Comité Permanente es un compromiso derivado de las garantías de la Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública entre el Movimiento Estudiantil y Profesoral y el Gobierno Nacional, firmados el 14 de diciembre de 2018.
 
El profesor Javier Alejandro Acevedo Guerrero, director de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS, en representación de los profesores de las universidades públicas de provincia, y el profesor Luis Orlando Aguirre Rodríguez, como delegado coordinador de la Asamblea Nacional de Representantes de Profesores ante Consejos Superiores y Académicos de Universidades Públicas, ARPUP, participaron en la instalación del Comité Permanente de Derechos Humanos del Sector Educativo en el ámbito de la protesta social.

En esta primera reunión, realizada el 31 de enero pasado en Bogotá, además de instalar el Comité Permanente de Derechos Humanos del Sector Educativo, se comenzó a articular la participación de los delegados del movimiento estudiantil en la formulación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.

Inmiscuidos todos

Este Plan ha sido impulsado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, junto con la sociedad civil y algunos organismos internacionales.

El comité es liderado por la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, con la participación de la Mesa de Negociación y de entidades como el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo y la Policía Nacional. Cuenta, asimismo, con el acompañamiento de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las Personerías de acuerdo con sus competencias (Fenalper) y los delegados estudiantiles.

Seguimiento y documentación

El mandato de este comité es empezar a funcionar a comienzos de 2019 en la labor de documentar, dar seguimiento y articular las acciones institucionales para atender los casos de posibles violaciones o amenazas a los derechos humanos en el contexto de la protesta social por la educación superior pública y adoptar su propio reglamento.

“La Alta Consejería quedó de enviar unos criterios para la presentación de casos que se dieron con ocasión de la violación a derechos humanos que se presentaron el año pasado en el curso de la protesta social. La idea es documentar estos casos para ser analizados en una próxima sesión el 8 de marzo. Fundamentalmente se definió un tiempo, un término y el estudio inmediato de los casos”, explicó el profesor Javier Alejandro Acevedo.
 
Publicacion: Jueves 7 de Febrero de 2019 
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