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Alcaldesa de Socorro regresa al cargo tras ser absuelta por la procuraduría



Alcaldesa de Socorro regresa al cargo tras ser absuelta por la procuraduría  | EL FRENTE
La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública revocó ayer el fallo de primera instancia que profirió la Procuraduría Regional de Santander, el 27 de julio de 2020, en contra de la alcaldesa de Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez y una vez derogada la suspensión, la mandataria electa de los socorranos regresará a su cargo en las próximas horas, con la frente en alto. Una vez superado el proceso disciplinario, deberá atender los requerimientos en el proceso penal, adelantado ante un juez ordinario.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Política / EL FRENTE
Tal y como lo informó EL FRENTE en su momento, la mandataria Porras Rodríguez fue investigada disciplinariamente, y ahora absuelta, luego de que el organismo de control determinara que no existió irregularidad alguna en los contratos adelantados para la compra de mercados que debían entregarse a la población socorrana, en el marco de las disposiciones presidenciales del pasado mes de marzo cuando se estableció por decreto cuarentena nacional como medida inicial para enfrentar la propagación del Covid-19.

En su decisión, la Procuraduría Delegada ordenó a la Procuraduría Regional de Santander que se adelanten las acciones pertinentes ante las autoridades competentes para el levantamiento de la suspensión, tras llegar a la conclusión de absolver de todos los cargos a la procesada, se presume que la mandataria electa podría llegar nuevamente a ocupar su cargo en las próximas horas.

Denuncias falsas
La indagación tanto penal como disciplinaria inició luego de que a los organismos de investigación llegaran una serie de denuncias que circulaban a través de redes sociales, la Procuraduría Provincial de San Gil, bajo el IUS-E-2020 204598 y E-2020- 302236, (sic) inició una actuación preventiva para determinar la existencia de posibles anomalías relacionadas con presuntos sobrecostos en la adquisición, por parte de la Alcaldía municipal de Socorro - Santander, de mercados que serían entregados a la población vulnerable con ocasión de la pandemia COVID-19.

En publicación efectuada por el grupo "Corrupción al día", se realizó la siguiente denuncia, se daba cuenta de que “Un sin número de líderes comunales han venido denunciando la contratación directa del suministro de 2000 mercados para la población menos favorecida y vulnerable, con el fin de mitigar la emergencia sanitaria generada por el coronavirus en el municipio de Socorro, cuyo contratista es, nada más y nada menos, que Oscar Fidel Castro, persona fuertemente cuestionada por ejecutar los contratos del PAE”, decía la denuncia anónima, en la que se insistió en una presunta relación de amistad entre Castro y la mandataria, razón que a juicio de los autores de la falsa denuncia habría influido en una supuesta entrega a dedo del contrato, el cual se entregaba, supuestamente, como pago a una serie de aportes por parte de Castro a la campaña de la mandataria.

Días después, en el mismo grupo apareció un inventario en el que se relacionaba en detalle el contenido del mercado, indicando que los productos del mismo tenían sobrecostos.

Otra mentira
A la denuncia anterior, el anónimo que circuló en redes sociales sobre el tema de los mercados, también circuló otro también relacionado con la contratación pública del municipio, en el cual se ponía en duda el convenio de asociación no. 20030103 con Keyla Nayiber Díaz Durán, esposa De Óscar Fidel Castro, convenio de asociación efectuado entre el municipio de Socorro y la Corporación Rayos de Esperanza, el cual tenía por objeto brindar apoyo al adulto mayor vulnerable en la modalidad centro vida, conforme lo establece la ley 1276 de 2009.

“Esta corporación Rayos De Esperanza, fue beneficiada con una contratación directa mediante invitación enviada por la administración pública, dicha invitación se envió el mes de marzo y el convenio de asociación se suscribió el día 27 de marzo, la pregunta del millón es: cómo hizo administración municipal para contratar, de manera directa y por invitación, con una corporación que no llevaba ni 30 días de constituida", decía el anónimo que luego fue objeto de estudio por los investigadores.

No hubo corrupción
Para la procuradora delegada, el estudio en segunda instancia del proceso deja con claridad varios hechos que a su juicio obran más allá de la duda razonable en favor de la alcaldesa Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.

Por ejemplo, en lo concerniente al contrato Rayos de Esperanza, se advirtió que la Secretaria Local de Salud del Municipio de Socorro certificó que el Centro de Vida Corporación "Rayos de Esperanza", cumplía con los requisitos establecidos en la ley especial para el Adulto mayor y que Porras, en condición de Alcaldesa de Socorro, en uso de sus facultades Constitucionales y legales, dispuso encontrar justificada para la celebración del convenio de asociación entre el Municipio y la entidad sin ánimo de lucro, Corporación "Rayos de Esperanza" para el apoyo a la atención del adulto mayor vulnerable, sin violentar la normatividad vigente, y que luego dicho contrato fue liquidado de conforme a la ley, ante la incertidumbre que causaba la llegada de la pandemia al país.  

Además, la delegada de la Procuraduría para la Moral Pública indicó que tampoco se probó con suficiencia las irregularidades en el contrato de la compra de los mercados.  

“Las anteriores razones llevan a este Despacho a diferir de la decisión de la primera instancia, que soporta su decisión en la carencia de idoneidad debido a la fecha de creación de la Corporación, y insuficiencia de la experiencia acreditada por los socios fundadores, supuestos que para esta Delegada no están adecuadamente sustentados en los argumentos esbozados por el a quo, pues se reitera no es cierto que debería acreditarse una experiencia adicional de la Corporación frente a la de sus socios, como así fue considerado”, indica el fallo de segunda instancia en el que se infiere que el disciplinario de primera instancia intentó realizar un juzgamiento basado en irregularidades penales y disciplinarias inexistentes.

“El principio de Legalidad es rector en materia disciplinarias, y en el momento que nos encontramos frente a la aplicación de una sanción, obliga de manera irrestricta a que la conducta que se reprocha al servidor público corresponda a un comportamiento previamente descrito en la Ley, para el caso, no encuentra esta Delegada fundamento para determinar que la investigada hubiera incurrido en falta disciplinaria, por haber suscrito convenio con una Corporación que carecía de idoneidad, de tal suerte que del análisis probatorio y jurídico que ha quedado plasmado no se advierten elementos suficientes que permitan sin lugar a interpretaciones desde diferentes aristas, concluir que la citada Corporación no era idónea, claramente nos encontramos ante una situación, cuya reglamentación ha omitido determinar factores o criterios medibles tendientes a calificar objetivamente los elementos que definen la idoneidad y ante la omisión de la entidad en la definición de dichos elementos en la etapa precontractual”, indicó el fallo definitorio, el cual finaliza remitiendo el proceso a la procuraduría regional para que deje sin efecto las sanciones inicialmente impuestas.




Publicacion: Miercoles 28 de Octubre de 2020 
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