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Representante Víctor Ortiz propone subsidio para los nonos abandonados



Representante Víctor Ortiz propone subsidio para los nonos abandonados | EL FRENTE

Las EPS estarán obligadas a establecer campañas de atención preventiva en salud integral de los beneficiarios de los Centro de Vida y Centros de Bienestar, dicho centros también contarán con subsidios en la tarifa de servicios públicos y los mayores también gozarán de recursos económicos en el caso de que sus familias no velen por su bienestar. Todos los recursos provendrán de una reforma a la hoy conocida Estampilla Proanciano.  


Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Política / EL FRENTE

Tal y como lo anunció durante los compromisos adquiridos durante fase de campaña, el representante santandereano del Partido Liberal, Víctor Manuel Ortiz Joya, presentó para su análisis y posterior implementación en el marco jurídico colombiano una iniciativa que tiene por objeto promover un control eficiente, coordinado y vigilado de los recursos públicos para el Adulto Mayor, mediante la regulación de la ejecución y el control de los recursos recaudados, hoy efectuado a la luz de la Ley 1276 de 2009.

En otras palabras, el representante Ortiz Joya busca generar una reforma legislativa para que la Política de Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez incorpore un tratamiento diferencial en favor de la población adulta mayor y víctima del país, “pues no se puede dejar de lado que la violencia ha tenido un impacto desproporcionado en la etapa de vejez de la población víctima”, indicó el parlamentario.

Lo dice la Constitución
y el Plan de Desarrollo
La solicitud la hace el corporado de la cámara baja amparado en los artículos 46 y 49 de la Constitución Política, los cuales establecen que “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria, así como la garantía de seguridad social integral, el subsidio alimentario en caso de indigencia; el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”, para lo cual se insta al Estado a organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Además, el proyecto de ley está acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, documento en que el presidente Iván Duque se comprometió generar una política pública para la vejez al asegurar que durante su gobierno se esmerará por “brindar oportunidades efectivas a los adultos mayores para que tengan una vida activa, saludable y con seguridad económica, tanto en las áreas rurales como urbanas”.

“Es necesario tener en cuenta que en Colombia existe un desarrollo normativo que tuvo sus inicios en el año 1992 y que se ha fundamentado en la garantía y protección del ejercicio de los derechos fundamentales de la población mayor, en temas de paz, justicia, reparación y no repetición, lo que pretendemos ahora es brindar las herramientas para que exista un enfoque diferencial para esta población, pues no se puede dejar de lado que la violencia ha tenido un impacto desproporcionado en la etapa de vejez de la población víctima, lo que hace necesario el reconocimiento de las habilidades, el conocimiento ancestral y sabiduría de los individuos y colectivos durante este momento del curso de la vida, así mismo se deben resaltar los procesos de resiliencia y las habilidades desarrolladas por las personas mayores para la superación del impacto de los hechos victimizantes, lo que a largo o corto plazo podrá facilitar la creación o implementación de programas estrategias que focalizan recursos y esfuerzos en esta parte de la población”, explicó en diálogo con EL FRENTE el representante santandereano.

El abc de la propuesta
El texto, que recientemente salió invicto de su primer debate en la Comisión Séptima de Senado, insta al gobierno a la elaboración de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, con la cual se pretende evaluar y ajustar periódicamente los planes, programas y políticas de envejecimiento y vejez.

En ese sentido, la reforma legislativa pretende autorizar a las asambleas departamentales y a los concejos distritales y municipales para emitir una estampilla, la cual se llamará Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para concurrir con las entidades territoriales en la construcción, instalación, mantenimiento, adecuación, dotación y funcionamiento de Centros de Bienestar, Centros de Protección Social, Centros Vida y otras modalidades de atención y desarrollo de programas y servicios sociales dirigidos a las personas adultas mayores, en sus respectivas jurisdicciones.

“El producto de dichos recursos se destinará en un 70% para la financiación de los Centros Vida y el 30% restante, al financiamiento de los Centros de Bienestar o Centros de Protección Social del adulto mayor, sin perjuicio de los recursos adicionales que puedan gestionarse a través de otras fuentes como el Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones, el sector privado y la cooperación internacional, principalmente”, explicó el representante Ortiz Joya.

Además, el proyecto de ley conmina a los departamentos y distritos reportar semestralmente, conforme lo determine el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que haga sus veces, la información sobre la implementación en detalle de los recursos obtenidos por medio de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, en su jurisdicción, dándole así cumplimiento al principio de control y seguimiento.

Otro de los aspectos innovadores de la propuesta tiene que ver con la formulación de programas destinados a la preparación del retiro del empleado y la ayuda psicosocial para el momento en que finalice su vida laboral, programa al que podrán acceder por medio de la caja de compensación familiar cinco años antes de alcanzar la edad de pensión.

Publicacion: Jueves 10 de Junio de 2021 
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