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“A Richard Aguilar lo señalan para obtener beneficios”: Abogado Cancino



“A Richard Aguilar lo señalan para obtener beneficios”: Abogado Cancino | EL FRENTE
Con la cautela para no atacar el principio de reserva sumarial del proceso penal en contra del exgobernador de Santander, hoy exSenador de la República, Richard Aguilar Villa, se pronunció su abogado defensor, Iván Cancino González, quien aseguró que, contrario a lo que pueda parecer, su defendido se encuentra tranquilo, y confiado en poder demostrar ante la justicia su inocencia.


Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Política / EL FRENTE

Iván Cancino, abogado del ex senador Richard Aguilar, reafirmó que la renuncia a su fuero congresional fue la mejor decisión para su cliente, toda vez que ello le permitirá dedicar la mayor parte de su tiempo a su defensa, en medio del proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia por supuesta corrupción de un contrato, cuando fungió como gobernador de los santandereanos.

Según dijo el penalista, la consecuencia de esta renuncia al Congreso es que el proceso por la supuesta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros pase a manos de la Fiscalía, y por consiguiente a la justicia ordinaria, es decir, por fuera de la jurisdicción de los magistrados del Corte Suprema de Justicia.

Aunque en sí mismo esta decisión trae varias ventajas procesales, como el cambio del juzgador y el procedimiento penal, Cancino indicó que buscar estos beneficios no es el principal objetivo de la renuncia.

“La idea es tener el tiempo para poder estar enfocado en defenderse de estas acusaciones de cuando se desempeñó como gobernador de Santander. Él renunciará a la curul y el efecto, obviamente, puede ser que el caso se remita a la Fiscalía. Pero la principal explicación que él da es que necesita estar 24/7 dedicado a su defensa. Por esa razón, es incompatible que siga con sus funciones como congresista", afirmó.

El origen del proceso
Toda esta madeja jurídica tiene su origen en el proceso penal de Claudia Toledo, exsecretaria del despacho de Aguilar, quien confesó supuestamente haber aceptado presiones del exgobernador para realizar maniobras delictivas y así entregar un millonario contrato a dedo.

Claudia Toledo ha reiterado públicamente que entregó abundantes evidencias testimoniales para llegar hasta quien, según ella, es el autor material intelectual del contrato de remodelación del Estadio Alfonzo López de Bucaramanga donde, según el material probatorio recaudado por la Fiscalía, se habría incurrido en un peculado que asciende a los dos mil novecientos millones de pesos.

Aunque el contratista afirma haber entregado en coimas a ella, a su esposo Lenin Darío Pulido, y al interventor, Andrés Mauricio Díaz Herrera, una suma cercana a los mil 500 millones de pesos, ella solo acepta haber recibido 150 millones de pesos.

“El asesor y yo recibimos 150 millones de pesos por ese contrato (...) yo ya reconocí mi error”, dijo para luego insistir en que el mandato directo para entregar el contrato lo efectuó el exgobernador, y que por dicho testimonio contra el exmandatario está gestionando un preacuerdo que estaría siendo tramitado en la Fiscalía General de la Nación.

La defensa del exgobernador
De acuerdo con lo que expresó el abogado Iván Cancino a EL FRENTE, el punto del preacuerdo es precisamente el meollo del señalamiento contra el hoy exsenador de la República pues a su juicio la supuesta confesión no tendría otro objetivo que la obtención de un beneficio jurídico, como una rebaja en la pena, a cambio de manchar la honra del exmandatario.

Las declaraciones de la señora corroboran el mal que muchas veces se hace con el principio de oportunidad en Colombia, donde una persona que, reconoce haber cometido un delito, quiere obtener rebajas o beneficios inculpando a otras personas que nada tienen que ver”, dijo Cancino quien aseveró que ante el tribunal que lleva el caso en la Corte Suprema de Justicia, como en la Fiscalía General de la Nación de Bogotá y Bucaramanga se han presentado una serie de elementos probatorios que la desmienten, tanto documentales y como testimoniales.

“Le manifestamos a los investigadores todas las contradicciones de esta señora en sus declaraciones y que por lo tanto su principio de oportunidad no puede ser aprobado. Ella  parecía decir en los medios de comunicación que ya estaba aprobado ese principio. No es así, a la fecha no está aprobado y esta defensa presentará todos los escritos y argumentos necesarios para que no se le apruebe o por lo menos para que no se tenga en cuenta todas las circunstancias que no corresponden a la verdad sobre los relatos relacionados con el ex gobernador Richard Aguilar”, controvirtió el penalista, quien aseveró que varias de las personas que la exfuncionaria cita como sus testigos la han desmentido.

“Ella podrá reconocer todo lo que ella haya hecho en su persona pero ella ha señalado también a otras personas de hacer cosas irregulares y esas personas también lo han negado categóricamente, ella más allá de su dicho de lo que la compromete a ella, no tiene nada más que pueda soportar algo en contra de las personas que ella ha relacionado”, explicó Cancino, quien hizo hincapié en que su sola palabra no es suficiente para probar que su defendido cometió irregularidades.

“Afortunadamente la jurisprudencia y la doctrina ha ido avanzando mucho en este sentido, de una época en la que un con un testigo único, sin mayor corroboración, se podía investigar, acusar y sancionar a una persona, a hoy, cuando un testimonio necesita más que palabras para poder causar un efecto jurídico”, expresó Cancino.

Exfuncionaria con sanciones
Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de diez años a la exsecretaria de Transporte e Infraestructura de Santander, Claudia Janeth Toledo Bermúdez por irregularidades en la contratación de obras para el mejoramiento de la red de alcantarillado en varios sectores del municipio de Vélez.

En el fallo la Procuraduría Regional de Santander estableció que se presentaron deficiencias en la etapa precontractual, que ocasionaron modificaciones, adiciones y suspensiones en la ejecución de las obras.

Para el Ministerio Público la exfuncionaria desconoció los principios de planeación y economía en la contratación pública, pues las suspensiones y modificaciones en tiempo y cantidades presentadas durante la ejecución de los trabajos, obedecieron a omisiones durante la etapa de diseño y priorización del proyecto.

Por esos hechos la Procuraduría calificó la conducta de la exfuncionaria como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

El abogado Iván Cancino señaló que, por el momento, el senador Richard Aguilar se encuentra en el búnker de la Fiscalía a la espera de que se defina su sitio de reclusión.


Publicacion: Miercoles 28 de Julio de 2021 
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