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Opinión - Editorial


Noticias que maltratan la hoja de vida de los funcionarios públicos



Mucha cizaña se ha regado durante estos días como consecuencia de los errores de cálculo de neófitos alcaldes y gobernadores que, en su afán de contener los efectos de la pandemia del coronavirus, se apresuraron a derrochar recursos de los fiscos departamentales y municipales, para mitigar el hambre de millones de familias humildes, que habitan en los cinturones de miseria de las grandes ciudades y de los trabajadores informales que se quedaron sin empleo, por cuenta de la orden de aislamiento obligatorio que decretó el gobierno nacional para hacerle frente a la expansión de la peste universal.

Acababan de pasar unas elecciones regionales, que dejaron múltiples heridas políticas y sentimientos resquebrajados por la dura refriega de la competencia electoral, en la que quedaron divididas las opiniones de las diferentes comunidades, respeto de la artillería pesada que se movilizó y utilizó en los eventos democráticos.

Muchos funcionarios recién elegidos y posesionados, algunos de ellos sin mayores experiencias en el manejo de los asuntos públicos, cayeron en la tentación de conseguir el bálsamo de la popularidad, para convertirse en figuras mesiánicas frente a comunidades famélicas, abandonadas a su suerte en zonas de tugurios y en viviendas maltrechas, producto del entorno social donde desarrollan su existencia.

Una veintena de alcaldes, gobernadores, secretarios de hacienda y contratistas aparecen envueltos en el torbellino de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, por el Contralor General y por el Procurador General, por presuntos actos de corrupción, en algunos casos de máxima cuantía y en la mayoría de los casos por sobrecostos en los cuales se omite el valor de los impuestos y retenciones que deben pagar los proveedores de bienes y servicios a las entidades territoriales.

No somos ni seremos defensores de oficio de alguna o algunas de las personas encartadas en estas investigaciones de carácter penal, pero debemos advertir que se obra con ligereza, cuando se lanzan juicios temerarios, sin haber indagado las circunstancias y motivos que tuvieron los alcaldes y gobernadores, para acelerar la adquisición de las llamadas ‘ayudas humanitarias’, que se entregaron sin ningún control y en la mayoría de los casos sin malicia alguna, para terminar envueltos en un escándalo nacional, donde se les acusa a la ligera, sin haber sido escuchados y vencidos en juicio.

¿Cuántos de estos funcionarios estarán arrepentidos de haberse vinculado a la reciente elección de autoridades regionales y municipales, víctimas ahora del escarnio público, de vituperio y oprobio, mal aconsejados por sus asesores financieros y por los supuestos expertos en el manejo de los presupuestos oficiales? 
 
Más allá del escándalo que han suscitado estas compras realizadas por los gobernadores de San Andrés Islas (Everth Hawkins), Arauca (José Facundo Castillo) y Guaviare (Heyder Palacio), y por los alcaldes de Armenia, Girón, Malambo, Cereté, Socorro, Calarcá, Coveñas y otros municipios colombianos, queda el beneficio de la duda respeto de la conducta de empleados subalternos, que, aprovechando la coyuntura, habrían realizado acuerdos por debajo de la mesa con los contratistas y proveedores.

Desde luego, hay que reconocer que la alianza del Fiscal General, con el Procurador General y con el Contralor de la República, para investigar los casos de presunta corrupción, ha impedido la multiplicación de los abusos en las compras de bienes y servicios.

Era hora de colocarle talanquera a la desbordada codicia de los funcionarios públicos en trance de notoriedad y arribismo, pero también hay que mirar, a la hora de juzgar a las personas, cuales habría sido las circunstancias objetivas de urgencia, tiempo y lugar, en que se comprometieron los presupuestos oficiales, para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus.  

Publicacion: Viernes 22 de Mayo de 2020 
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