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Opinión - Editorial


Los vándalos y ‘tirapiedras’ deben ser expulsados de las universidades



Las universidades públicas han sido infiltradas por las nuevas ‘milicias urbanas’ creadas y entrenadas por grupos terroristas para desestabilizar el país. El decreto legislativo que prepara el gobierno nacional para combatirlas, tomará atenta nota sobre la necesidad de depurar los estamentos universitarios para poner freno a la ola de agitación y perturbación del orden establecido, que está causando enorme daño a la juventud estudiosa del país. Hay células guerrilleras en las universidades públicas.

Los padres de familia, que soñaron con una mejor educación para sus hijos, han tenido que contemplar el espectáculo deplorable de las nuevas ‘milicias urbanas’, semillero de formación de las guerrillas del ELN y de las disidencias de las FARC, que cuentan con financiación internacional desde Venezuela, como una tercera fuerza de choque contra Colombia.

Estos grupos terroristas incendiaron y destruyeron Centros de Atención Inmediata (CAI), quemaron buses del sistema de transporte masivo Transmilenio y ocasionaron daños a grandes plataformas comerciales y almacenes, durante los desórdenes de la semana pasada en la ciudad de Bogotá. En Bucaramanga, durante una manifestación patrocinada por la alcaldía metropolitana, apedrearon el Palacio de Justicia y desafiaron a la fuerza pública, que ni siquiera utilizó gases lacrimógenos para enfrentarlos y reprimirlos.

Del informe que han rendido los altos mandos de la Policía Nacional en la sesión del Senado de la República, vía plataformas digitales, se explicó la dimensión del ‘Segundo Bogotazo’ que intentaron la semana pasada las nuevas milicias urbanas que se están formando en la Universidad Nacional de Colombia. No se trata de un problema pasajero sino de una grave amenaza para la seguridad nacional. La actuación de la policía para defenderse del sorpresivo ataque con bombas incendiarias y de los atentados contra el personal uniformado, se cumplió dentro de los protocolos de una defensa legítima, porque los terroristas crearon la sensación de que se había programado una toma violenta de la capital del país.

El país está reclamando mano fuerte del gobierno contra la subversión y el terrorismo, que tiene voceros políticos en el Congreso de la República. Toda la carga de responsabilidad en los hechos violentos de la capital de la república ha sido colocada, de manera injusta, por la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández, en cabeza de los altos mandos de la institución.

La fuerza pública representa el brazo armado de la ley, razón por la cual sus agentes deben ser entrenados militarmente para la defensa de las instituciones, entre ellas las universidades públicas que le cuestan al estado colombiano, cada año, algo más de cuatro y medio billones de pesos, para que unos estudiantes mañosos y revoltosos le quiten el espacio a los hijos de los pobres, que abrigan la ilusión de convertirse en profesionales universitarios al servicio del país y de sus respectivas familias. Depurar las universidades públicas para que produzcan resultados académicos es tema de análisis en el borrador del decreto legislativo que prepara el gobierno nacional para dictar un fuerte estatuto de seguridad, que lo estamos necesitando en Colombia.       

Publicacion: Martes 15 de Septiembre de 2020 
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