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Opinión - Editorial


El daño que hace en Colombia la llamada ‘justicia espectáculo’



Comenzando la pandemia del coronavirus, durante los meses de marzo y abril del presente año, se vinieron en gavilla el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez; el Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado y el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, todos ellos con sus respectivos colaboradores, a investigar ‘con toda severidad’ los escándalos por presuntos sobrecostos en la compra de ayudas alimentarias para millones de personas que han sufrido la tragedia del hambre y de la enfermedad en esta época de aislamiento obligatorio y de aislamiento inteligente. Los comentaristas de los medios de comunicación masiva aplaudieron la iniciativa de colocar en la picota pública a medio centenar de alcaldes, que presuntamente habían aprovechado la crisis sanitaria para llenarse sus alforjas y para premiar la fidelidad de los caciques políticos de cada municipio.

Los noticieros de televisión, la radio y la prensa montaron tribunas y cadalsos para fusilar a los depredadores de los bienes públicos. Rodaron por el suelo las cabezas de varios alcaldes y alcaldesas, que acababan de posesionarse y que nunca habían tenido que afrontar una situación parecida, como la que se encontraron a la vuelta del tercer mes del año, cuando la gente humilde salió a pedir comida y limosna a las calles, descubriéndose la enorme brecha de pobreza que tiene el país en los cinturones de miseria de las grandes y medianas ciudades. Con investigaciones hechas a la ligera, para complacer a los nuevos príncipes del control fiscal en Colombia, vino una etapa de difamación contra los alcaldes de Bucaramanga, Barrancabermeja, El Socorro y otras poblaciones de menores ingresos, por las diferencias de valor en las facturas de compra de los alimentos destinados a mitigar el hambre de millares de familias pobres.

En la primera resolución firmada por los tres magnates del control fiscal, judicial y disciplinario, rodaron por el suelo las cabezas de nóveles alcaldes que acababan de posesionarse. Con el afán de producir resultados, los funcionarios investigadores, demostrando muy baja preparación en el manejo de las finanzas públicas, cometieron monstruosos injusticias, suspendiendo de sus cargos a personas inocentes, como la alcaldesa del Socorro, Claudia Porras Rodríguez, que fue sancionada con cinco meses de suspensión en el ejercicio del cargo, porque al definir la adjudicación de un contrato de alimentación para los adultos mayores, se incluyeron en las facturas de compra los impuestos y contribuciones que se pagan al fisco departamental, cifras que daban la imagen aparente del sobrecosto en las facturas.

La justicia espectáculo de los tres funcionarios del control fiscal, judicial y disciplinario se paseaba por las grandes ciudades haciendo alarde de las órdenes de captura que se habían ordenado y dispuesto contra algunos funcionarios que en providencias de segunda instancia y ante la justicia anticorrupción, han demostrado su inocencia.  La severidad de los altos funcionarios encargados de la lucha anticorrupción, ha sufrido toda clase de reveses, porque en el caso de las compras de alimentos para ayudas humanitarias se confunden los precios que paga el ciudadano del común y los que deben pagar las entidades públicas, donde los departamentos y municipios cobran impuestos y sobretasas, que no aplican para las personas naturales o jurídicas del sector privado.

En estos días acaba de saberse que la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $16.637 millones de pesos contra el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo, 4 subdirectores de la misma entidad y 35 proveedores de kits de alimentos, por sobrecostos, faltantes en cantidad y producto, y entregas incompletas de mercados destinados a damnificados y afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19.  Según estableció el organismo de control, las irregularidades se dieron en 89 órdenes de proveeduría emitidas por la entidad para la entrega de estos kits de alimentos de asistencia humanitaria de emergencia, conforme a la declaratoria de calamidad pública en varios departamentos del país y en el Distrito Capital. Se pudo establecer la ocurrencia de sobrecostos, y/o cantidades faltantes (menor gramaje o mililitros en elementos como leche, arroz, pasta, sal, panela, fríjol, lenteja, chocolate y aceite) y/o unidades faltantes de ciertos productos (fríjol y chocolate).

Con estos funcionarios, que deben atender emergencias de todo orden en la compra de ayudas humanitarias provocadas por derrumbes, inundaciones y toda clase de tragedias, resulta imposible verificar el número de unidades que se adquieren por la Unidad de Gestión del Riesgo para mitigar el hambre y la miseria de millares de familias campesinas. Nunca la Contraloría General se encarga de aplicar esa misma severidad a la mafia de contratistas de las obras públicas, que se roban el dinero del país a dentelladas porque esos pulpos tienen el patrocinio de miembros de la clase política igualmente beneficiados con la contratación oficial.  

Publicacion: Miercoles 28 de Octubre de 2020 
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