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Indicadores Económicos
Opinión - Editorial
La ‘Justicia Especial para la Paz’ es un tribunal de aniquilamiento contra el orden constitucional
Jamás tanta infamia y tanta basura se había lanzado en Colombia
contra el ejército de la patria y contra la policía nacional. La autodenominada ‘Justicia Especial
para la Paz’ (JEP) destinó más de seis mil millones de pesos de su presupuesto, para contratar los
noventa (90) abogados encargados de defender, en estrados judiciales, a los peores bandidos que haya
conocido la historia de Colombia. Alrededor de once mil excombatientes perciben asignaciones
mensuales del erario público, por haberle hecho el favor a Colombia de suspender temporalmente sus
instintos criminales, sus masacres y asesinatos. Resulta por lo menos
un contra-sentido que el pueblo de Colombia, a través de los impuestos, tenga que pagar los
honorarios de los abogados escogidos para defender a los mismos criminales que durante medio siglo
convirtieron a Colombia en un inmenso cementerio. Mientras esto ocurre, desde la misma ‘Justicia
Especial para la Paz’, acusan al glorioso ejército nacional por la matanza de jóvenes que nada
tuvieron que ver con el conflicto armado y cuyos cadáveres llegaron al cementerio de Dabeiba,
departamento de Antioquia, arrumados como animales en las fosas comunes.
El ejército de la patria siente que existe una conjura nacional e
internacional para desestabilizar a Colombia y convertir a los terroristas de las FARC en los nuevos
padres de la patria. En los Acuerdos de La Habana les regalaron cinco curules en el Senado de la
República y cinco en la Cámara de Representantes. La antigua compañera sentimental de Manuel
Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, es la segunda vicepresidenta del Senado y posiblemente será su
candidata presidencial, simplemente para seguir haciendo mucho ruido en una campaña electoral que
genera enorme incertidumbre para el pueblo colombiano.
Era válido proponer
que el período presidencial del doctor Iván Duque Márquez se prolongara por dos años, para unificar
las elecciones y los periodos constitucionales de los mandatarios nacionales, departamentales y
municipales, con la misma fecha en que se realice la escogencia de los nuevos parlamentarios,
diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales en las principales ciudades
del país.
Varios sectores políticos de esta nación, que siguen
desconociendo los errores cometidos en el proceso de paz con las guerrillas de las FARC, caminan con
los ojos abiertos hacia el precipicio de una democracia en ascuas donde, en medio de la ebullición
de inconfesables ambiciones personales, no quieren aceptar el peligro en que se encuentra Colombia
de caer en las garras de un régimen totalitario, como el que impusieron hace sesenta años en Cuba,
hace cuarenta años en Nicaragua y hace veinte años en Venezuela. No existe en los partidos
históricos, en el liberalismo y el conservatismo, una visión de país unitario, capaz de crear
condiciones para salvar a la nación de la asechanza de un enemigo que se expresa en redes sociales,
en huelgas injustas, en rechazo del orden establecido. Ninguno de ellos tiene un caudillo que pueda
conducir a la nación por caminos de reconciliación, de reactivación y de esperanza.
El expresidente Juan Manuel Santos Calderón, tan altamente cuestionado
por la opinión internacional, le abrió las puertas y ventanas de la representación popular a las
guerrillas de las FARC, por medio de la figura de la cooptación que seguirá realizando el
denominado: ‘Partido de los Comunes’, otrora Partido de las FARC, escogiendo a dedo sus Senadores y
Representantes a la Cámara, buscando nuevas alianzas con movimientos proclives al denominado
‘Socialismo del Siglo Veintiuno’, que lidera la mafia incrustada en la dictadura de Venezuela.
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