Opinión - Editorial
La criminalidad tiene arrinconada a Colombia

Imperturbables se muestran las autoridades ante esta ola
de hechos que han trascendido el plano de lo real para adentrarse en el mundo de lo descabellado
como el brutal golpe con la roca al hombre asaltado en la capital de la República, y otras acciones
delictivas.
El aparato judicial en este país ya no tiene dientes para
atacar de frente y con contundencia el embate criminal que se multiplica y se convierte en una bola
de nieve inatajable, que amenaza con socavar la total resistencia de una sociedad que está condenada
al sálvese el que pueda, porque la seguridad del Estado se diluyó por
completo.
En la actualidad, en todo el país, existen cuatro aspectos
fundamentales que son la base en la cual se afianza la criminalidad que tiene arrinconada a Colombia
y son los que hay que revisar y hacerles un cambio a fondo, drástico, y dotarlos de argumentos para
que los criminales no se burlen más de las leyes y de la justicia.
El
primero es la nefasta labor de los fiscales que, por no investigar, profundizar, argumentar y darle
solidez a las pruebas, hacen que los capturados queden en libertad.
Esto sucede porque los fiscales no tienen la adecuada preparación para
desempeñar sus cargos, ni el conocimiento que necesitan de las leyes, ante esto, los jueces quedan
desarmados para administrar e imponer justicia.
Otro aspecto es la tardía
reacción de la Policía ante el llamado de la comunidad y, cuando acuden a prestar auxilio, también
cometen errores en los procedimientos de captura, dándoles enormes ventajas a los criminales para
que otra vez queden en las calles y continúen con su accionar en contra de la
comunidad.
Además, hace falta una mejor distribución de los turnos para los
agentes en las calles y drásticas sanciones para lo policiales que no acudan a tiempo al llamado de
la ciudadanía cuando se cometen los delitos. Tal vez así se le pueda brindar a los colombianos la
sensación de seguridad que se ha extraviado por completo.
En la fila está
el modo como se imparte la justicia. Los jueces están obligados a imponer casa por cárcel a la
mayoría de los culpables porque no hay espacio en los centros carcelarios existentes para albergar a
ese desbordado número de delincuentes.
Las cifras señalan que el año
anterior fueron capturadas más de doscientas cuarenta mil personas, por diversos delitos, pero los
calabozos no dan abasto ante esa aterradora cifra de delincuentes, la mayoría de los cuales ha
vuelto a las calles.
Por último, tenemos la inútil labor del INPEC en el
control y vigilancia de quienes son condenados a casa por cárcel y con dispositivo electrónico y
todo, salen a las calles a seguir con sus fechorías sin que se dé explicación por parte de los
guardianes de por qué el delincuente está fuera de su sitio de reclusión.
Aquí también deberían establecerse sanciones para los custodios, que
estás sean ejemplares, para que así les dé por cumplir con sus deberes y no se dejen tentar por ese
torrente de corrupción que impera en las cárceles colombianas, cuyos únicos perjudicados son los
ciudadanos.
Para que los noticiarios dejen de llenarse con contenidos que
revitalizan el crimen y exponen las carencias de la justicia y las leyes en Colombia, hay que
trabajar en promulgar códigos que tengan dientes fuertes para meter en cintura a criminales que
cuentan con múltiples anotaciones delictivas o varias entradas y salidas de las cárceles, pero no
cejan en su acción de hacerle daño a sus congéneres.
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