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Indicadores Económicos
Opinión - Editorial
Proyecto de Paz Total debe blindar la seguridad nacional
La minería ilegal desatada y sin freno en varios rincones del país, ha cercado poblaciones las cuales están copadas por bandas criminales que les cobran ‘vacunas’ exorbitantes a comercios y trabajadores y con la ley del terror, se hacen amos y señores de vastos territorios y retan al Estado al imponer leyes que esclavizan, humillan, explotan y aniquilan a las comunidades.
La acción decidida del Gobierno nacional al atacar y destruir, de frente y sin pausa, los llamados dragones que se utilizan para la explotación ilegal de minería de oro en ríos y selvas que contaminan con mercurio, es un mensaje contundente y directo para los grupos criminales, que el Estado no va a claudicar, ni a darles gabelas a los delincuentes.
El llamado Clan del Golfo traicionó el cese al fuego propuesto para empezar a explorar el terreno de la Paz Total ofrecida por el Gobierno y, bajo esas circunstancias, tiene que ser combatido de frente y sin miramientos porque el país ya se hartó de que cerquen poblaciones, secuestren comunidades y se crean intocables, con sus paros armados.
La destrucción de los nocivos campamentos ilegales dedicados a minería y su respectiva logística, valorada en miles de millones de pesos, desató el llamado paro minero con el cual buscan involucrar a quienes sí han sido mineros ancestrales y presionar al Estado con su cobarde demostración de fuerza.
El Presidente Gustavo Petro Urrego y las Fuerzas Armadas están en la obligación de garantizar la seguridad del país y sus habitantes. Un NO rotundo para territorios vedados para el Estado y su fuerza pública. Basta de dejar que los criminales se escuden en la población para bloquear regiones como arma de lucha, entre tanto, engañan cuando prometen que van a deponer las armas y a abandonar sus negocios ilícitos.
Colombia es una nación rica, poderosa e indestructible, es lógico que con esa preparación que han tenido las Fuerzas Armadas, el respaldo económico internacional y el armamento de última generación, ataquen y procedan a recuperar los territorios dominados por la criminalidad.
Con la premisa de negociar el cese del conflicto interno, alimentado por el tráfico de drogas y las alianzas con carteles internacionales, la minería ilegal y los códigos de terror, debe primar el respeto por los derechos humanos y eso es lo que más han violado esos grupos criminales, al poner como escudos a la población civil.
La mano tendida del Presidente Petro con la bandera blanca de la Paz Total, no puede convertirse en un medidor de debilidades o en un duelo de poderes o en el pulso para ver quién da más o cual cede menos.
Antes de car en ese tire y afloje sin fondo y sin sentido, lo sustancial es proteger a la población honesta y blindar la seguridad nacional.
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