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Una dura prueba Por: Daniel Caicedo *



Una dura prueba Por: Daniel Caicedo * | EL FRENTE
La cuarentena que estamos viviendo en Colombia y en muchos países del mundo es una dura prueba tanto para los Estados como para todos sus pobladores.  En Colombia no hay antecedentes de una medida similar y mucho menos que se prolongue por 19 días. Toques de queda a nivel nacional se dieron en 1970 con Carlos Lleras Restrepo, en 1977 con Alfonso López Michelsen y en Bogotá en noviembre de 2019, pero ellos fueron solo de horas mientras se normalizaba el orden público. Nadie estaba preparado para enfrentar una medida de esa naturaleza. En Bogotá y en muchas ciudades iniciaron un simulacro de cuarentena desde el viernes 20 de marzo hasta el martes 24 de marzo, empalmando con la cuarentena nacional ordenada por el gobierno nacional que va hasta el 13 de abril.

El Presidente Iván Duque ha estado al frente de la situación y en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 215 de la Constitución Política, mediante decreto 417 del 17 de marzo de 2020 decretó la Emergencia Económica, Social y Ecológica, que le otorga poderes de expedir decretos con fuerza de ley por un término de 30 días prorrogables por periodos de 30 días sin que excedan de 90 días.

El gobierno nacional ha enfocado recursos a fortalecer el sistema hospitalario y a proteger a la población más vulnerable, entre ellos a los adultos mayores, familias de escasos recursos y sector informal de la economía. El sector formal podrá resistir la cuarenta con alguna dificultad. La implementación del teletrabajo y la recomendación de no despidos, acompañada de alivios financieros para las empresas, harán posible que la mayoría de empleados reciban su remuneración sin mayores contratiempos.
El sector informal es el más golpeado en esta crisis. Se han dirigido recursos para atender a este sector con los programas sociales tales como Adulto Mayor, Jóvenes en Acción y Familias en Acción. Desafortunadamente la tramitología y burocracia no permiten que estas ayudas lleguen de forma expedita.

La población penitenciaria y carcelaria es superior a los 124.000 y es de alto riesgo dentro de la pandemia del Covid19. El alto porcentaje de hacinamiento que ronda el 54,9% convierte a los centros penitenciarios en potenciales focos de contagio. La desatención a esta población ha originado amotinamientos como el sucedido en la Cárcel Modelo de Bogotá con un lamentable saldo de 23 muertos y 83 heridos, producto de la desesperación de las PPL ante una muerte segura en caso de propagación de la epidemia en estos centros de reclusión. 

El INPEC decretó la emergencia Carcelaria y Penitenciaria, pero estas medidas permitirán disponer de recursos, pero no dismuyen la población carcelaria. Solo un Decreto con fuerza de ley puede establecer los requisitos que de manera temporal puedan aplicar los Jueces de Ejecución de Penas para el caso de los condenados, o los Jueces de Garantías para los casos de asegurados con medidas privativas de libertad, que permitan de manera efectiva disminuir el número de reclusos. Acertadamente así lo propone el reconocido penalista Marlon Fernando Díaz: “si 5.814 personas mayores de 60 años están privadas de la libertad y los liberamos -salvo delitos atroces o sexuales-, y a 30.131 condenados a menos de 5 años, les suspendemos la ejecución de la pena, podríamos prevenir eficazmente el COVID2019”.

Post scriptum: Especial reconocimiento merece el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga a cargo del señor Juez Enrique Cortés, convertido en referente nacional al facilitar la implementación virtual tanto en la radicación de solicitud de audiencias preliminares como en la celebración de las mismas.

*Abogado penalista. *Miembro fundador Colegio de Abogados Penalistas de Colombia

Publicacion: Jueves 26 de Marzo de 2020 
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