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Transformación digital en la Rama Judicial: nuevos retos y desafíos



Transformación digital en la Rama Judicial: nuevos retos y desafíos | EL FRENTE Las audiencias virtuales en la pandemia fueron claves para evitar el colapso de la justicia en Colombia.

POR: KAREN BARAJAS/EL FRENTE

En junio del presente año, el Congreso de la República aprobó la Ley 2213 de 2022, la cual establece la vigencia del decreto legislativo 806 de 2020, que da el aval para adoptar las medidas de implementación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en las actuaciones judiciales para agilizar los procesos y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia.

El 2020 ha quedado marcado en la historia, como un año inesperado, que trajo consigo una pandemia mundial sin contemplaciones ni opción de prepararse para el caos. Es recordado como un período lleno de retos, transformaciones, cambios y adaptación para todos los ámbitos de la cotidianidad, desde el campo personal como el laboral.

Es por anterior que, la covid-19 llevó a cambiar las formas, hábitos y comportamientos de las personas, incluso en la normatividad de los procesos políticos, ambientales, sociales y de justicia. Es por esto que, el Consejo Superior de la Judicatura tuvo que reinventarse la metodología de prestar los servicios de justicia para poder satisfacer a los usuarios.

El uso de las TIC’s reconoce como la transformación digital, la cual en esta época todos deben mudar, de modo que la tecnología hace parte de la 4ta revolución industrial, lo cual significa que más allá de evolucionar, lo que se busca ahora es optimizar la forma en que funciona la organización.

La Rama Judicial reconoce el momento y oportunidad actual para “dinamizar la definición y el uso de las herramientas que permitan hacer realidad la práctica del expediente electrónico en las actuaciones judiciales, bajo un enfoque de transformación digital en la gestión judicial y de generación de valor público en el servicio de administración de justicia…El objetivo y reto de la Rama Judicial, en los próximos años, es impulsar la transformación digital, de manera escalonada, en la gestión judicial y administrativa”, se expone en el expediente electrónico y dimensionamiento para la transformación digital judicial.

De ese modo, el Ministerio de Justicia y del Derecho aprobaron el decreto 806 de 2020, donde se indica que, “se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.  

En conversación con EL FRENTE, el abogado Diego A. Moreno Abril, con experiencia en derecho laboral, penal, empresarial, comercial y de contratación estatal nos contó su experiencia y punto de vista acerca del proceso de evolución a las TIC. Afirmando que “en un primer momento esa transición se dificultó un poco porque no había manejado las TIC y el tema de audiencias virtuales era algo nuevo con la rama judicial”.

El compromiso con la ciudadanía es inminente cuando se trata de garantizar a los colombianos un marco jurídico y participativo que garantice un orden justo en la sociedad, es por esto que, nace la necesidad de la modernización tecnológica y transformación digital, sin perder como eje el plan principal de entregar justicia moderna con transparencia y equidad.

“Para mí la virtualidad es favorable, ahorro tiempo, desplazamientos. La agilidad de los procesos que se han podido evacuar con esta virtualidad, que si no se tuviera estarían aplazados, aquí el tema es darle a la ciudadanía la confianza de la justicia, y que es pronta porque una justicia demorada es no tener justicia”, expresó el abogado Moreno Abril.

Según el Informe de Gestión 2020 del Consejo Superior de Judicatura: “Justicia Moderna con Equidad y Transparencia”, se registró que en cuestión de audiencias y reuniones virtuales se realizaron 856.756 por medio de las aplicaciones RPI, Lifesize y Team, además, “se instaló y configuró aplicativos de gestión de contenidos en 700 salas de audiencias a nivel nacional y se dotaron alrededor de 2.400 dispositivos periféricos”.

De acuerdo con el proyecto de ley de la senadora Angélica Lozano, en el marco del Foro Volveremos Ley La Virtualidad en la Justicia reveló que la Corte Constitucional pasó de una tasa de productividad anual del 89% antes de la virtualidad, a un 110%; la Corte Suprema de Justicia pasó del 85% al 87%; el Consejo de Estado pasó de una productividad anual del 83% al 120% y el Consejo Superior de la Judicatura pasó del 84% al 97% en su tasa de productividad.

“Era una opción que ya estaba, pero no se creía que lo fuéramos a utilizar, y era el miedo, por lo tradicional, yo no hago el cambio porque nadie lo hace, pero acá fue la necesidad. Yo creo que donde no hubiese habido el tema de la pandemia estaríamos igualito. El resultado ha sido positivo, yo veo en un futuro el tema más práctico y familiarizados en la virtualidad, hasta ahora estamos en adaptación.”, afirmó Diego Moreno.

Las capacidades institucionales que rigen y describen los componentes del ciclo de valor del servicio de justicia son: garantizar el acceso, administrar justicia, gestionar el conocimiento, eficiencia, eficacia, gobernanza y transparencia.

Dificultades en el proceso de adaptación

Una de las problemáticas más frecuentes es el aplazamiento de audiencias, con la virtualidad según cifras de la Judicatura, el porcentaje disminuyó un 3,4 % entre 2020 y 2021 con la virtualidad, sin embargo, no se deben omitir las fallas de la nueva modalidad en donde las audiencias son aplazadas por aspectos de uso y acceso tecnológicos.

El aplazamiento de las audiencias se debe mayoritariamente a la inasistencia del Defensor Público (26.2%), seguido de la inasistencia del fiscal o acusador privado (18.7%), la inasistencia del defensor de confianza (11.9%) y a la no remisión del detenido (5.6%).

“La norma no cambia, solo cambia la forma en la que nos vemos, en todas las audiencias la cámara siempre debe estar activada y en silencio hasta que el juez lo permita, en la mayoría de las audiencias algo pasa con temas tecnológicos, pero ya los jueces que entienden esas fallas entonces reprograman la audiencia”, comenta el abogado Moreno Abril.

Con el fin de la cuarentena y el regreso a la cotidianidad, se encontró una disyuntiva acerca del qué hacer con las audiencias virtuales, que al final se determinó con el visto bueno y apoyo de la practica con la Ley 2213 de 2022, en donde la virtualidad se convierte en la norma de los procesos civiles y administrativos y, que en las actuaciones penales el juez o el magistrado tiene la potestad de elegir cómo realiza la diligencia.

En el informe de Gestión se reconocen importantes avances de la Rama Judicial, aunque también, “se encuentran las evidentes necesidades que enfrenta la Rama Judicial en cuanto a la existencia de diversos sistemas y herramientas informáticas en torno a las actividades de gestión judicial y administrativa, algunos con niveles importantes de obsolescencia; estos han dificultado la implementación, uso, disponibilidad y aprovechamiento de la gestión tecnológica. Igualmente, se presenta una alta dispersión de información y una cultura digital poco desarrollada. A pesar de la existencia de sistemas y plataformas de apoyo, el trámite manual y el soporte en papel se mantiene preponderante en la gestión”.

Los jueces aseguran que están adelantando el proceso de digitalización de expedientes judiciales como lo ordenó el Consejo Superior de la Judicatura, lo que permitirá adelantar una modernización del sistema y mejorar el uso de las tecnologías de la información.

Por otra parte, el abogado Diego A. Moreno da a conocer desde su práctica que otro punto a cuidar en esta virtualidad es el tratamiento de los testigos, porque, pueden presentarse una cantidad de situaciones detrás de una pantalla, y aunque hay jueces que son estrictos con el tema de la cámara, pueden presentarse diversas situaciones de manipulación. Además, ve la necesidad de contratar más funcionarios capacitados debido a la cantidad de procesos activos actualmente, que, humanamente no son posibles de avanzar con todos en la misma temporalidad.

“En la parte penal cuando uno está de frente puede uno darse cuenta cuando está diciendo mentiras y a través de una pantalla no, aunque algunos jueces están pendientes de los implicados mirando solamente hacia la cámara”.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que la virtualidad funcione, con equipos modernos y con redes no solo funcionales, sino seguras. En esa materia hay aún muchos pendientes.

La adaptación es un proceso continuo y dinámico, que está en caminado a cambios constantes dentro del programa, estrategias y la actividad. Es por esto que, es necesario orientar el acceso a la justicia a un pleno conocimiento del uso tecnológico, siendo este un vehículo hacia la resiliencia de una transformación veraz y actualizada para los usuarios, superando las debilidades y amenazas que se puedan presentar en la transición.

Foto suministrada web
Publicacion: Sabado 6 de Agosto de 2022 
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